Versiòn Infobae.
Al cumplirse un año del atentado que terminó con la vida del senador, opositor y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Colombia vuelve a poner la mirada sobre uno de los episodios más graves de violencia política.
El atentado tuvo lugar en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, donde Miguel Uribe Turbay participaba en un evento de escucha comunitaria y actividad de campaña política.
Hacia las 05:00 p. m., el senador se encontraba dialogando con ciudadanos, ediles y un concejal, en un ambiente que se desarrollaba con normalidad y en el que incluso exponía sus posiciones políticas, entre ellas su defensa de la flexibilización de la tenencia de armas en Colombia.
Un minuto después, la reacción de los escoltas derivó en un intercambio de disparos dentro del parque, lo que provocó pánico entre los asistentes. En medio de la confusión, el agresor resultó herido y cayó a pocas cuadras del lugar, mientras al menos tres personas terminaron lesionadas durante el cruce de fuego.
La multitud corrió en distintas direcciones en busca de refugio, mientras un edil del sector acudió a auxiliar al senador, que había quedado gravemente herido en el suelo.
En esos momentos críticos, Uribe Turbay fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia la clínica Medicentro –en la localidad de Fontibón– debido a la severidad de una hemorragia craneal. Su estado de salud era ya crítico e inconsciente.
La lucha que mantuvo en vilo al país por 65 días continuos
Poco después, ante la complejidad del trauma encefalocraneano (que después revelarían los médicos), fue derivado en una ambulancia medicalizada, bajo escolta policial, hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá –al norte de la capital–, donde ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El 8 de junio de 2025, el centro médico informó que el senador había sido sometido a una cirugía neuroquirúrgica de urgencia, con el objetivo de estabilizar las lesiones ocasionadas por el impacto. Aunque la intervención permitió una primera estabilización, el pronóstico permaneció reservado y de extrema gravedad, manteniendo en alerta al país entero sobre su evolución.
La situación volvió a agravarse el 16 de junio, cuando Uribe Turbay presentó una recaída crítica producto de un sangrado intracerebral agudo. Esta complicación obligó a un segundo procedimiento quirúrgico de máxima urgencia, en medio de un cuadro clínico que continuaba siendo altamente inestable y de pronóstico incierto.
Después de eso, inició otra etapa crítica y hermética en la batalla por la vida del senador Miguel Uribe Turbay. Durante 52 días, su estado de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá se mantuvo en una evolución fluctuante y de extrema gravedad.
Desde entonces, el equipo médico mantuvo una política de absoluta confidencialidad y el senador fue sometido a múltiples procedimientos neuroquirúrgicos para controlar la presión intracraneal y tratar las secuelas del impacto en el cerebro.
A mediados de julio se conoció un intento de rehabilitación neurológica basal que generó una breve expectativa de mejora. Sin embargo, el diagnóstico seguía siendo reservado y el daño cerebral, especialmente en áreas profundas del sistema nervioso, era considerado severo e irreversible, manteniéndolo en coma inducido sin recuperación plena de la conciencia.
En paralelo, su esposa, María Claudia Tarazona, describió este periodo como una experiencia de profundo desgaste emocional, marcada por la incertidumbre diaria y el acompañamiento permanente en la unidad de cuidados intensivos.
Y es que tres proyectiles impactaron el cuerpo de Miguel Uribe el día del atentado, dos de ellos en la cabeza y uno más en la pierna izquierda. Desde entonces, las informaciones sobre su estado de salud fueron parciales, pero Tarazona concedió su primera entrevista al programa Los Informantes, de Caracol Televisión, el 13 de julio.
Allí, con voz entrecortada, relató por primera vez con detalle los momentos posteriores al atentado y la realidad médica que enfrentó su esposo al llegar a la Clínica Fundación Santa Fe, donde permanece hospitalizado desde aquella tarde.
“Yo iba de la clínica de Fontibón a la Fundación Santa Fe en la ambulancia que conseguimos; yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel acá (en las piernas), el neurocirujano teniendo el cuello, ayudando a sostener, y yo le decía: ‘No te mueras, no te mueras, tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que ver a nuestro hijo, lo tienes que abrazar, quédate conmigo’”, narró Tarazona.
El testimonio de Tarazona no se limitó a una evocación emocional, puesto que reveló un aspecto que había sido desconocido hasta ese momento y que puso en perspectiva la gravedad del estado en que llegó Miguel Uribe a la clínica aquel 7 de junio.
Según declaró, los médicos le confirmaron en ese momento que su esposo presentó “muerte cerebral”, una condición que, en términos clínicos, equivale a la pérdida total e irreversible de la actividad cerebral.
“Yo pregunté a los doctores ‘¿Miguel se va a morir?’, y ellos me dijeron que sí (entre lágrimas), y pregunté ‘¿qué tantas horas tengo?’, y me dijeron ‘es cuestión de horas’”, declaró Tarazona sin intentar maquillar el impacto que tuvo escuchar eso.
El día que Colombia le dijo adiós a Miguel Uribe Turbay
Pese a los esfuerzos médicos sostenidos durante más de dos meses, el 11 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe confirmó el fallecimiento del senador de 39 años. La causa fue atribuida a secuelas neurológicas irreversibles derivadas del proyectil.
La noticia generó una fuerte conmoción en el país y desencadenó reacciones internacionales de condena por parte de organismos como Naciones Unidas, la OEA y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que expresaron su rechazo al atentado y su impacto en la democracia colombiana.
Tras su fallecimiento, se dio inicio a las honras fúnebres con los protocolos correspondientes a una figura del Congreso de la República. El féretro fue trasladado al Capitolio Nacional, en la Plaza de Bolívar, donde permaneció en cámara ardiente y donde las tensiones políticas eran evidentes.
El recinto fue dispuesto con la bandera tricolor a media asta, mientras líderes políticos de diferentes sectores, junto con miles de ciudadanos, acudieron a rendir homenaje y despedida. Lo que se vivió en ese entorno fue un clima marcado por la tensión, el resentimiento y el dolor.
La familia del senador, incluida su esposa y su padre, Miguel Uribe Londoño, solicitó al Gobierno nacional de Gustavo Petro que no se acercara al lugar, al expresar su rechazo a la presencia de representantes del oficialismo. Argumentaron que no deseaban ningún tipo de contacto con ellos, al considerar que ciertos pronunciamientos y mensajes previos en redes sociales contra el líder del Centro Democrático habían contribuido a generar un ambiente hostil que, a su juicio, derivó en la reacción violenta.
Posteriormente, las exequias se realizaron en una ceremonia litúrgica en Bogotá marcada por una fuerte carga simbólica y emocional, en la que se evocó también el antecedente familiar del senador, hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991.
La sepultura de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá tuvo una carga histórica, política y simbólica para el país. Su inhumación en el Pabellón Central o El Elipse lo ubicó en un sector reservado para expresidentes, líderes nacionales y personas consideradas mártires de la historia política colombiana.
El lugar de sepultura quedó en cercanía con las tumbas de Luis Carlos Galán Sarmiento y Álvaro Gómez Hurtado, también asesinados en contextos de violencia política. El sepelio se realizó bajo medidas de seguridad e incluyó un acto religioso maronita, en el que se entonaron cánticos en arameo durante la ceremonia final, junto con salvas de honor en reconocimiento a su condición de senador en ejercicio.
A un año de estos hechos, la memoria del atentado sigue presente en el debate público y en las investigaciones judiciales, mientras se mantienen las consecuencias políticas y sociales derivadas del caso. El episodio continúa siendo objeto de análisis por su impacto en la historia de Colombia y por las repercusiones que dejó en distintos sectores.
El caso también abrió una discusión sobre el reclutamiento y la utilización de menores de edad en la comisión de este tipo de actos, dentro de las estructuras armadas ilegales.