La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, a las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, así como al particular Yecid Castro Rojas, por su presunta participación en el hurto de motocicletas que permanecían bajo custodia en la estación de Policía del municipio de El Tambo, Cauca. La investigación señala que entre el 18 de enero y el 15 de febrero de este año fueron recuperadas varias motocicletas reportadas como hurtadas en la vía Panamericana, a la altura del sector de Río Blanco, jurisdicción de Popayán, pero estas no habrían sido registradas oficialmente, facilitando que diez de los automotores fueran retirados de las instalaciones policiales por terceros.
De acuerdo con la Fiscalía, el mayor Hernández Rubiano, en su calidad de comandante, habría permitido las omisiones en los registros y facilitado la salida irregular de los vehículos en dos momentos distintos. Por su parte, la patrullera Diana Marcela Leiton Sánchez, quien participó en la recuperación de las motocicletas, presuntamente omitió reportar formalmente el procedimiento y coordinó la extracción de parte de los automotores el 15 de febrero, al parecer en coordinación con el particular Yecid Castro Rojas. Entre tanto, la patrullera Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, quien se desempeñaba como secretaria de la estación, es investigada por supuestamente facilitar el ingreso de personas ajenas a la institución para retirar las motocicletas el 18 de enero.
Los cuatro implicados fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en procedimientos realizados en Popayán y Tunja (Boyacá). Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó, según el grado de participación de cada uno, los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Por decisión del juez de control de garantías, el mayor y las dos patrulleras deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que el particular permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.