La seguridad ciudadana, las deficiencias tecnológicas para combatir la delincuencia y las afectaciones económicas derivadas de los cierres viales fueron algunos de los principales cuestionamientos planteados durante la sesión de control político a la Secretaría de Gobierno del municipio de Popayán.
Los concejales hicieron un llamado a la Administración Municipal para que presente respuestas concretas, fortalezca las estrategias institucionales y demuestre resultados frente a las problemáticas que preocupan a la ciudadanía.
Uno de los puntos más críticos fue expuesto por el concejal Jhon Ortiz, quien advirtió sobre la necesidad de evaluar la efectividad de las inversiones en seguridad, especialmente frente a delitos como la extorsión, el hurto y los hechos violentos que afectan a comerciantes, familias y habitantes de las zonas urbanas y rurales.
El concejal precisó que el control político no busca desconocer el trabajo de la Secretaría de Gobierno ni de la Fuerza Pública, sino identificar fallas y promover correctivos que permitan mejorar las condiciones de seguridad en el municipio.
Por su parte, el estado de las cámaras de vigilancia también generó preocupación en desarrollo del debate de control político que el Concejo Municipal le hizo a la secretaría de gobierno.
El Concejal John Ortiz, citante a este debate señaló que, según la información expuesta durante la sesión, el 73 % de las cámaras estaría fuera de servicio y cuestionó que, pese a los recursos anunciados para su mantenimiento, no se evidenciaran avances contractuales suficientes.
Asimismo, solicitó claridad sobre la ejecución del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), la destinación de sus recursos y los resultados de las inversiones realizadas para prevenir y reducir los delitos.
Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con los cierres viales alrededor de estaciones de Policía y sus consecuencias para la actividad comercial.
El Concejal Fernando López puso como ejemplo el sector del barrio Bolívar, el parque Mosquera y el centro comercial San Victorino, donde, según lo expuesto en la sesión, las restricciones de acceso estarían dificultando la movilidad de clientes y proveedores y afectando el sustento de comerciantes y cocineras tradicionales.
El concejal solicitó a la Secretaría de Gobierno precisar si existen decretos o resoluciones que respalden estas medidas, cuál es su vigencia y qué alternativas se contemplan para garantizar tanto la seguridad como el funcionamiento del comercio.