Versiòn Infobae.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia judicializó a la jueza Miryan Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, por un presunto pago de $1.200 millones para favorecer con una orden de libertad al ciudadano neerlandés Marcus van der Boot.
El expediente quedó asignado al despacho de la jueza, que el 13 de junio ordenó la libertad inmediata de Van der Boot. La Fiscalía también señaló que se gestionó una modificación del turno judicial para que el trámite se efectuara durante el fin de semana.
El ciudadano neerlandés ya había presentado dos recursos sin éxito
Antes de la decisión cuestionada, la defensa de Van der Boot había presentado dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por otros despachos judiciales, según expuso la fiscal.
Una fue asignada al Juzgado 47 Penal del Circuito y la segunda, al Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá. “Ambas fueron despachadas desfavorablemente por los jueces en cada oportunidad, quedando ejecutoriadas esas decisiones”, afirmó López.
La fiscal indicó que, tras esos rechazos, el extranjero habría acudido a Herrera Cuenca para presentar una nueva solicitud. Según la versión de la acusación, la abogada debía reclutar funcionarios que asesoraran el trámite, aseguraran el reparto y facilitaran una decisión favorable.
La Fiscalía ubicó una reunión el jueves 4 de junio de 2026 en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá. De acuerdo con su relato, Herrera Cuenca ingresó a la oficina del Juzgado 77 y se reunió con Martínez López.
Durante ese encuentro, siempre según la acusación, hubo una videollamada con Van der Boot. La fiscal indicó que la jueza y la abogada le habrían confirmado al detenido que continuaban con el acuerdo para gestionar su libertad.
La libertad de Pedro Aguilar abrió un proceso contra la jueza que la autorizó
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa contra la jueza 77 penal municipal de garantías, Myriam Alcira Martínez López, por haber autorizado en 2018 la libertad del líder camionero Pedro Aguilar. La decisión se tomó durante una audiencia en la que intervino una persona que se hizo pasar por fiscal.
La revisión buscaba establecer si la jueza fue engañada o si incurrió en irregularidades. En caso de hallar elementos en su contra, el proceso podía convertirse en una investigación disciplinaria, derivar en su separación del cargo y ser remitido a la Fiscalía General de la Nación. Martínez López también declaró ante esa entidad por los mismos hechos.