La medida contempla además una multa individual de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión deberá surtir el trámite de consulta ante el superior judicial antes de que pueda ejecutarse.
Una decisión judicial conocida en Popayán ordenó, en primera instancia, ocho días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y el secretario de Cultura y Turismo, Gabriel Enrique Fernández Silva, por un presunto desacato a una acción de tutela.
De acuerdo con la información divulgada por integrantes del sector cultural, el proceso estaría relacionado con un fallo de tutela emitido el 27 de agosto de 2026, mediante el cual se habría protegido el derecho de petición presentado por representantes del sector artístico para obtener información sobre la situación del Teatro Bolívar.
El despacho judicial habría ordenado a la administración municipal dar cumplimiento a la sentencia. La controversia se centra en el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas dentro del proceso judicial.
No obstante, la sanción no significa que el alcalde y el secretario de Cultura hayan sido arrestados. La decisión debe ser sometida al correspondiente grado de consulta ante el superior judicial, que tendrá que determinar si la medida se confirma, modifica o deja sin efecto.
Reclamos por el Teatro Bolívar
El proceso se presenta en medio de los cuestionamientos formulados por organizaciones y representantes de los sectores de teatro, títeres, circo y otras manifestaciones de las artes escénicas de Popayán.
Los artistas han planteado inquietudes relacionadas con el estado de conservación del Teatro Bolívar, el acceso a escenarios para el desarrollo de actividades culturales y los tiempos de ejecución de los programas de estímulos municipales.
Otro de los asuntos que ha generado solicitudes de información está relacionado con los recursos recaudados a través de la Ley de Espectáculos Públicos y su destinación al fortalecimiento de la infraestructura cultural de la ciudad.
La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa las obligaciones de la administración municipal frente a las solicitudes de información formuladas por el sector cultural y el cumplimiento de las decisiones emitidas por los jueces.
La decisión aún no está en firme
Mientras se surte el trámite de consulta, la sanción de arresto no puede presentarse como una detención ya ejecutada. Será la autoridad judicial competente la que determine el futuro de la medida.
Por ahora, también queda pendiente conocer las actuaciones que adelantará la administración municipal frente a la decisión y las respuestas que entregará a las organizaciones culturales que han solicitado información sobre el Teatro Bolívar, los estímulos y los recursos destinados a la infraestructura cultural de Popayán.
La evolución del proceso judicial será determinante para establecer si la sanción queda en firme y cuáles serán las medidas que deberá adoptar la administración municipal.