El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites.
Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte.
Las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad.
Colombia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando los cuerpos, la humillación y el miedo se utilizan para enviar mensajes de dominio. Ese no puede ser el lenguaje del Estado.
La fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido. Su legitimidad se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana.