Versiòn Infobae.
Previo a la reactivación del caso de la exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el presunto pago de millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, la exfuncionaria entregó fuertes declaraciones que vincularían al líder del Pacto Histórico.
La exconsejera también ubicó a Petro en un encuentro que, según dijo, ocurrió cuando presentó su renuncia tras conocerse el escándalo de la Ungrd en mayo de 2024. Ortiz aseguró que en esa reunión estuvo Laura Sarabia y que, al despedirse, Petro la abrazó y le dijo dos veces que “el tema aquí es Name”, en referencia al entonces presidente del Senado Iván Name.
“Porque ya venían con unas peleas del pasado, cuando yo fui senadora el último año. Nosotros, por el Partido Verde, le quitamos la vicepresidencia al Pacto Histórico, que le correspondía a Gustavo Bolívar. Y quien organizó eso fue Angélica Lozano. Yo estuve ahí y fui quien postuló a Name”, señaló Ortiz.
Ortiz relató que había militado durante más de 15 años en el Partido Verde y que mantenía cercanía política con Carlos Ramón González. Según contó, González apoyaba económicamente campañas de dirigentes de esa colectividad mediante préstamos que luego se devolvían con los recursos de reposición de votos.
La exconsejera mencionó entre los beneficiarios de esos apoyos a Claudia López, Angélica Lozano, Catherine Miranda e Inti Asprilla. También reconoció que tenía amistad con Name, aunque afirmó que no volvió a hablar con él después de que estalló el escándalo.
Ortiz negó las acusaciones en su contra y sostuvo que su proceso judicial fue armado con pruebas irregulares, contratos inexistentes y testimonios falsos. Sus declaraciones apuntaron, en especial, a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a María Cristina Patiño, fiscal a cargo del expediente.
La exfuncionaria afirmó que la Fiscalía infló los delitos que le atribuyó para apartar la atención de quienes, a su juicio, se beneficiaron de los recursos de la Ungrd. También sostuvo que las autoridades no mostraron interés en indagar posibles vínculos de Laura Sarabia con Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Ortiz dijo que durante conversaciones sobre un posible principio de oportunidad le habrían indicado que no era relevante hablar de Sarabia. Según su relato, ella rechazó cualquier negociación porque se considera inocente.
“De peritos privados contratados por Olmedo. Ese tipo de pericias y actuaciones no las hizo la Fiscalía con sus propios equipos; las hicieron los abogados de Olmedo y Sneyder y le llevaron el material a la Fiscalía. Eso lo vamos a probar el 18″, señaló Ortiz a Cambio.
También sostuvo que la imputación incluyó una referencia errónea a un contrato. Según Ortiz, el documento mencionado por la Fiscalía correspondería a una obra en Girón, Santander, ejecutada antes de que ella ingresara al Gobierno de Petro, y no a un contrato relacionado con Repelón, Atlántico.
Ortiz rechazó haber transportado dinero para Iván Name
La Fiscalía la investiga por presuntamente haber intervenido en la entrega de recursos a Iván Name junto con Sneyder Pinilla. Ortiz evitó responder en detalle sobre esa parte del expediente debido a las restricciones judiciales que, según indicó, todavía le impiden pronunciarse ampliamente sobre su proceso.
Pese a esa limitación, negó que Pinilla hubiera viajado en su vehículo. “Sneyder jamás se subió a mi carro”, sostuvo la exconsejera al responder a la versión del exsubdirector de la Ungrd.
La exconsejera afirmó que permaneció recluida durante 17 meses en la Escuela de Carabineros. Durante ese período, denunció que existieron presiones, amenazas y un supuesto intento de sacarla de la guarnición bajo el argumento de llevarla al búnker de la Fiscalía.
Según su relato, un oficial le advirtió que varias personas habían llegado para retirarla del lugar. Ortiz interpretó ese episodio como un intento de secuestro y afirmó que informó de la situación a su entonces abogado, Oswaldo Medina.
Laura Sarabia y Carlos Ramón González aparecen en sus señalamientos
Ortiz volvió a acusar a Laura Sarabia de haber participado en un complot en su contra. Dijo que tenía diferencias previas con la exfuncionaria presidencial y sostuvo que Sarabia pudo haber tenido interés en desplazar la atención pública de otros escándalos.
La exconsejera afirmó que Carlos Ramón González le comentó que un periodista de Presidencia le había advertido sobre supuestos recursos destinados a promover información negativa contra ella y otros dirigentes.
Sobre González, Ortiz explicó que inicialmente se molestó cuando salió del país. Con el paso del tiempo, dijo, empezó a entender su decisión debido a lo que considera falta de garantías en el proceso judicial colombiano.
La exconsejera denunció que los mismos jueces que ordenaron su medida de aseguramiento luego rechazaron pruebas solicitadas por su defensa. Para Ortiz, esa coincidencia alimentó su percepción de que el proceso fue dirigido en su contra.
Ortiz anunció que su equipo jurídico presentará evidencias para demostrar, según su versión, que hubo contratos falsos, informes ilegales y testimonios construidos para inculparla.
La exfuncionaria afirmó que cuenta con audios, documentos y otros elementos que probarían que los informes utilizados en su imputación no fueron elaborados directamente por funcionarios de la Fiscalía.
También relacionó el asesinato de su expareja, Juan Sebastián Aguilar, con una conversación que sostuvo con él el día anterior a su muerte. Ortiz contó que Aguilar le había prometido entregarle documentos sobre personas cercanas que, supuestamente, estaban detrás de las acusaciones contra ella.
La exconsejera aclaró que no tiene pruebas para atribuir ese crimen al Gobierno ni a personas vinculadas con el caso de la Ungrd. Rechazó, además, haber tenido relación con Hernando Sánchez, con el sector esmeraldero o con negocios mineros.
Al cerrar la entrevista, Ortiz pidió protección y solicitó que se investigue el destino de los recursos de la Ungrd. Su principal planteamiento fue que el expediente judicial en su contra habría funcionado como una cortina de humo para ocultar a los responsables del desvío de fondos públicos.