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La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana por el complejo escenario de seguridad que enfrenta Popayán, donde grupos armados ilegales y organizaciones criminales estarían disputándose el control de territorios y corredores estratégicos, tanto en la zona urbana como rural.
A través de la Alerta Temprana 018 de 2026, la entidad advirtió sobre riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad de los habitantes de las nueve comunas y los 23 corregimientos de la capital del Cauca.
Según la Defensoría, en el área rural existe una disputa entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del autodenominado Estado Mayor Central, y el ELN por el control de corredores que comunican al Cauca con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila.
Estas rutas representan un interés estratégico para las estructuras armadas debido a las dinámicas asociadas al narcotráfico, el control territorial y otras economías ilegales.
De acuerdo con la entidad, Popayán estaría siendo utilizada como refugio y plataforma para actividades relacionadas con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.
Entre los casos documentados está la masacre ocurrida en abril de 2026 en el corregimiento La Meseta, donde fueron asesinadas seis personas. También se menciona la incineración de tres personas dentro de un vehículo, registrada en marzo.
Otro de los riesgos identificados está relacionado con el uso de drones cargados con explosivos contra instalaciones militares ubicadas en el centro de Popayán.
La Defensoría señala que en estas acciones estarían involucrados mercenarios con experiencia en la guerra de Ucrania, una situación que incrementa la preocupación por el riesgo indiscriminado para la población civil.
La alerta identifica riesgos particulares para determinados grupos de población. Niñas, niños y adolescentes estarían siendo objeto de estrategias de reclutamiento y utilización por parte de estructuras armadas, incluso mediante plataformas digitales como TikTok y WhatsApp.
Las mujeres, especialmente quienes ejercen actividades sexuales, también enfrentarían violencias basadas en género y mecanismos de control impuestos por grupos armados.
Por su parte, los pueblos indígenas Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona enfrentan restricciones a su movilidad y a la realización de prácticas tradicionales dentro de sus territorios.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales.