Versiòn Proclama del Pacìfico.
La agenda de las comunidades negras del norte del Cauca se extiende sobre veinte años, atraviesa diez municipios y reúne a 43 consejos comunitarios que reconocen en Alexis Mina Ramos a su Consejero Mayor. Su mandato proviene de las autoridades afrodescendientes de Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Villa Rica, Puerto Tejada, Corinto, Miranda, Padilla y Guachené, que le confiaron la representación de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC.
Mina Ramos asume esa responsabilidad con una visión que combina memoria, planificación, defensa territorial y gestión institucional. Su propuesta central parte del Plan de Buen Vivir que ACONC construyó en 2015, pensado como guía de largo plazo para responder a las necesidades de las comunidades y orientar sus relaciones con el Estado.
La palabra desarrollo quedó sometida a revisión desde el origen de ese proceso. Durante una reflexión académica, recuerda Mina, surgió una pregunta que marcó el rumbo de la organización: ¿por qué seguir hablando de desarrollo cuando muchas de las actividades presentadas bajo ese nombre dejaron daños sociales, ambientales y culturales en los territorios? La minería, la concentración de la tierra, la explotación de recursos y los modelos económicos impuestos desde afuera obligaron a buscar otro lenguaje. ACONC optó entonces por hablar de Buen Vivir, resiliencia, circularidad, protección de la casa común, cuidado de las especies y fortalecimiento de la vida comunitaria.
El plan fue proyectado para veinte años. Esa decisión expresa una crítica a la improvisación estatal. Mina considera que las comunidades necesitan políticas que sobrevivan a los cambios de gobierno y permitan sostener procesos durante varias generaciones. Su referencia está en los países que planifican a largo plazo. Cita el caso de China y sus programas de cien o doscientos años como ejemplo de continuidad institucional. En Colombia, cada administración modifica prioridades, abandona programas y obliga a los territorios a comenzar de nuevo.
Una agenda que cambia con el país
El Plan de Buen Vivir atravesó los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Cada administración nacional modificó las posibilidades de acción de la organización.
Durante el cierre del gobierno Santos, la implementación del Acuerdo de Paz y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial ocuparon buena parte de la agenda. En el gobierno Duque, el debilitamiento de la política de paz coincidió con nuevas acciones hostiles en los territorios y obligó a fortalecer estructuras comunitarias como la Guardia Cimarrona, las juntas de acción comunal y las directivas de los consejos comunitarios. En el periodo de Gustavo Petro cobraron fuerza asuntos relacionados con tierras, educación superior y salud.
Mina resume esa tensión con una frase que condensa décadas de experiencia territorial: «Depende del ritmo del tambor que nos toquen arriba. Así mismo nos toca bailar en ocasiones”. La autonomía organizativa convive con una dependencia directa de las decisiones presupuestales, administrativas y políticas tomadas en Bogotá.
El reclutamiento llegó a las zonas afro
Uno de los problemas que más inquieta a ACONC es el reclutamiento de jóvenes. Durante años, ese fenómeno se asociaba principalmente con comunidades indígenas ubicadas en las zonas altas. Hoy aparece también en áreas urbanas, campesinas y afrodescendientes. Mina sostiene que casi todas las semanas se conocen casos de muchachos llevados a las filas de grupos armados ilegales. La expansión del reclutamiento transforma la vida cotidiana de las familias, debilita los procesos comunitarios y amenaza a una generación que crece entre la falta de oportunidades y la presión de estructuras ilegales.
La organización intenta responder desde varios frentes: educación, fortalecimiento cultural, acompañamiento comunitario, defensa de derechos y presencia territorial. ACONC también prepara jornadas para orientar a jóvenes que no tienen libreta militar. La organización invoca el derecho a la objeción cultural de conciencia y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes como sujetos étnicos de especial protección, para facilitar la expedición de certificados de autorreconocimiento por parte del Ministerio del Interior y acompañar los trámites que resuelven la situación militar de los jóvenes.
La minería y las conexiones ilegales
En Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, la actividad minera convive con problemas de formalización, afectaciones ambientales, control territorial e instrumentalización de la población. Mina reconoce dos realidades distintas. Por un lado, familias que dependen de la minería para sobrevivir y desarrollan su actividad sin acceso a procesos claros de formalización. Por otro, estructuras asociadas a economías ilegales, cultivos de marihuana en invernaderos y conexiones irregulares de energía.
Esa mezcla dificulta cualquier respuesta uniforme. La organización reclama políticas que diferencien a los pequeños productores de las redes criminales y que permitan ordenar la actividad, reducir los daños ambientales y proteger a las comunidades que han vivido históricamente de los recursos del territorio. El debate energético reciente en San Antonio mostró esa complejidad: las conexiones irregulares tienen causas económicas y sociales, pero también sostienen actividades ilícitas que consumen grandes cantidades de energía. ACONC insiste en que el Estado debe comprender cada contexto antes de intervenir.
La tierra sigue sin resolverse
La expectativa generada por la recuperación de extensas áreas asociadas a la Universidad del Cauca y otros actores institucionales no resolvió el problema de acceso a la tierra para las comunidades negras. Mina diferencia varias realidades dentro del departamento. En Piamonte y Santa Rosa existen zonas con baldíos y amplias extensiones territoriales. En el valle geográfico del Patía y el valle del río Cauca, la concentración de la propiedad tiene raíces históricas vinculadas con grandes finqueros, familias tradicionales y sectores de poder político y económico. En el norte del Cauca, el cultivo industrial de caña ocupa buena parte de la zona plana.
Para ACONC, el problema supera la cantidad de hectáreas. La vocación del suelo, la productividad, el acceso a crédito, la comercialización y la sostenibilidad económica determinan si una familia puede vivir realmente de la tierra. Mina pone como ejemplo la producción pesquera del Pacífico. Buenaventura, Guapi y López de Micay cuentan con amplias posibilidades, pero buena parte del aprovechamiento termina en manos de embarcaciones extranjeras, mientras las comunidades locales carecen de infraestructura, financiación y cadenas comerciales. La misma dificultad afecta a quienes producen yuca, piña, plátano y otros alimentos, cuyos precios pueden caer hasta niveles que eliminan cualquier rentabilidad.
La crisis del Ingenio La Cabaña
La liquidación del Ingenio La Cabaña ocupa un lugar especial dentro de la agenda de ACONC. Mina calcula que la crisis afecta a miles de familias vinculadas con el cultivo de caña, el empleo directo, los servicios y la actividad económica de varios municipios. La organización comenzó un proceso de caracterización de pequeños productores para establecer cuántos pueden vincularse con otros trapiches o ingenios de la región como Cauca, Bengala, Providencia y Mayagüez.
La reducción de incentivos y la entrada de etanol procedente de otros países modificaron las condiciones del mercado y golpearon a los cultivadores. Frente a la liquidación ya en marcha, ACONC trabaja en soluciones inmediatas. Uno de los asuntos urgentes es el futuro de una institución educativa ubicada en Puerto Tejada y vinculada al ingenio. La organización dialogó con el gobernador del Cauca para facilitar el tránsito de los estudiantes hacia el sistema oficial y garantizar la continuidad del servicio educativo.
Educación, vías, vivienda y energía
La gestión de ACONC también se concentra en proyectos concretos. En educación, la organización acompaña a jóvenes interesados en el Fondo de Comunidades Negras, ayuda a formular los proyectos y entrega los avales requeridos para participar en las convocatorias. Ese fondo representa una de las herramientas más importantes para ampliar la presencia de jóvenes afrodescendientes en universidades y programas de formación.
En infraestructura vial, ACONC reporta compromisos por cerca de 17.000 millones de pesos con el gobierno departamental y 17.500 millones con el Gobierno nacional para proyectos de pavimentación en municipios con estudios y diseños aprobados. En vivienda rural, la organización gestionó alrededor de 3.500 millones de pesos para municipios priorizados. La agenda energética contempla tres granjas solares con una capacidad conjunta cercana a cinco megavatios, proyectos que buscan reducir costos, ampliar el acceso a energía limpia y fortalecer la autonomía de las comunidades.
Reparación colectiva para 18 consejos comunitarios
ACONC acompaña procesos de reparación y restitución para 18 consejos comunitarios. Las medidas incluyen inversiones de la Unidad para las Víctimas, indemnizaciones, fortalecimiento organizativo y acciones relacionadas con los daños sufridos durante el conflicto armado. La reparación colectiva representa una oportunidad para recuperar espacios comunitarios, reconstruir confianza, fortalecer prácticas culturales y restablecer derechos afectados por la violencia. Mina sostiene que buena parte de estos avances surgió de la gestión directa de la organización ante las instituciones nacionales y territoriales. El desafío está en convertir los acuerdos en obras, programas y recursos que lleguen efectivamente a las comunidades.
Una organización con vocación política
ACONC también prepara una participación más activa en las próximas elecciones locales y regionales. Mina descarta una posición neutral. Las comunidades discutirán sus decisiones y conservarán la libertad individual del voto, pero la organización tendrá apuestas propias en alcaldías, Concejo, Asamblea y Gobernación. La intención es aumentar la capacidad de incidencia y exigir respuestas a quienes resulten elegidos.
La agenda organizativa incluye además el Palenque de Comunicaciones de ACONC, coordinado por Laura Alejandra Alegrías Mina, del municipio de Guachené. Este espacio busca fortalecer la producción de contenidos propios, divulgar los procesos comunitarios y disputar las versiones externas que suelen reducir al norte del Cauca a violencia, conflicto y crisis. La comunicación adquiere así una función política y cultural: permite contar las experiencias de productividad, organización, educación, memoria, espiritualidad y cuidado territorial que sostienen la vida de las comunidades.
El mandato de los 43 consejos comunitarios
Alexis Mina Ramos lidera una organización con una agenda extensa y un territorio sometido a fuertes presiones. El reclutamiento de jóvenes, la minería, la concentración de tierras, la crisis de la agroindustria, la falta de vías, las dificultades educativas y la violencia exigen respuestas inmediatas. Al mismo tiempo, el Plan de Buen Vivir obliga a pensar en las próximas décadas.
El mandato de los 43 consejos comunitarios consiste en unir esas dos escalas: atender la emergencia y construir futuro. Mina propone tejer alianzas, promover la reconciliación y fortalecer la identidad afrodescendiente. Su gestión deberá demostrar que la planificación comunitaria puede sostenerse frente a los cambios de gobierno y que las decisiones tomadas desde el territorio pueden convertirse en políticas públicas.
En el norte del Cauca, la defensa del territorio también se mide en jóvenes que permanecen en sus comunidades, campesinos que pueden vivir de sus cosechas, estudiantes que ingresan a la universidad, familias que reciben vivienda y consejos comunitarios que participan en las decisiones sobre su propio futuro. Esa es la apuesta del Plan de Buen Vivir. Y esa es la responsabilidad que Alexis Mina Ramos asumió ante los 43 consejos que le entregaron el mandato.