El alcalde encargado de Padilla, Cristóbal Lasso Belalcázar, lanzó un S.O.S. institucional al Gobierno Nacional y a los principales organismos de control, justicia y seguridad del país, advirtiendo que el municipio atraviesa una grave crisis de orden público, inseguridad y emergencia humanitaria. En un extenso documento dirigido al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, al Ejército, a la Defensoría del Pueblo y a la Gobernación del Cauca, entre otras entidades, el mandatario aseguró que la situación exige respuestas inmediatas y afirmó que «no son suficientes las reuniones de los consejos de seguridad o de los puestos de mando unificado», sino que se requieren acciones concretas para proteger la vida de la población.
Lasso Belalcázar explicó que actualmente Padilla cuenta con apenas 22 policías para atender un territorio de 104 kilómetros cuadrados y una población superior a los 10.600 habitantes, situación que calificó de insuficiente para enfrentar la delincuencia organizada. Denunció además que la vía entre la cabecera municipal, el corregimiento de Yarumales y las veredas La Unión y Las Brisas se ha convertido en un foco permanente de criminalidad. A ello se suma, según el funcionario, la negativa de algunas comisiones de Policía Judicial para desplazarse al municipio por razones de seguridad, lo que ha obligado en varias ocasiones a la comunidad y a las autoridades civiles a gestionar el levantamiento y traslado de cadáveres, afectando la cadena de custodia y poniendo en riesgo las investigaciones judiciales.
Dentro de las solicitudes formuladas, el alcalde encargado pidió la militarización permanente del corredor vial más afectado, el aumento inmediato del pie de fuerza de la Policía Nacional, mayor celeridad en la expedición de órdenes de allanamiento y captura, la normalización del servicio de Policía Judicial en el municipio y la instalación de una mesa regional de trabajo para atender de manera integral la crisis de seguridad. Finalmente, reiteró que el llamado no pretende cuestionar a la Fuerza Pública, cuyo compromiso reconoció, sino reclamar una respuesta efectiva del Estado para impedir que el miedo siga afectando la vida, la economía y el desarrollo de los habitantes de Padilla.