En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por el término de cuatro y seis meses a nueve concejales del municipio de Ipiales (Nariño), quienes incurrieron en irregularidades administrativas al sesionar fuera de la sede establecida legalmente.
Los hechos ocurrieron el 29 de febrero de 2024 en el corregimiento de La Victoria, de esta población, en donde los concejales debatieron y aprobaron proyectos de acuerdo, entre ellos el Acuerdo Municipal 002 de 2024, por medio del cual se estableció el reconocimiento y pago de honorarios para los miembros de la Junta de Acción Local (JAL) y se actualizó la escala de viáticos para el alcalde y concejales de Ipiales.
La evaluación de los hechos llevó al ente de control a suspender del cargo por 4 meses a los concejales David Fernando Almeida Paredes, William Orlando Benavides Rosero, Iván Dario Chalaca Díaz, Adrián Alberto Guerrero Romero, Carlos Alberto Hualpa, Raúl Lizandro Malpud, Franco Mauricio Portillo Paredes y Edmar Antonio Rosero Estupiñán.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto, los concejales infringieron normas del Código General Disciplinario y vulneraron principios de moralidad y legalidad que rigen el ejercicio de la función pública.
Miguel Alejandro Huertas Erazo, como presidente de la corporación para la época de los hechos, fue suspendido del cargo por seis meses, pero al renunciar, su sanción fue convertida en multa cercana a los 26 millones de pesos.
El fallo puede ser apelado por los ahora sancionados.