Versiòn Infobae.
Las autoridades militares denunciaron que estructuras disidentes de las Farc estarían implementando un sistema ilegal de carnetización de campesinos en zonas rurales de Meta, Guaviare y Caquetá, con el que ejercerían control sobre la movilidad de las comunidades, el cobro de extorsiones y, presuntamente, presión sobre el voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
“Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, afirmó el oficial durante una rueda de prensa según El Colombiano.
Según la información entregada por las autoridades y reportes conocidos por El Colombiano, los grupos armados estarían exigiendo a campesinos el pago de sumas entre 100.000 y 250.000 pesos para entregarles un carné que supuestamente certifica la propiedad de sus tierras o autoriza su permanencia y movilidad en determinadas zonas rurales.
De acuerdo con las denuncias, quienes no cuenten con ese documento ilegal podrían enfrentar restricciones para movilizarse por corredores controlados por los grupos armados o quedar expuestos a presiones y amenazas.
Durante el consejo de seguridad, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que estas presiones ilegales llevan varios meses presentándose en distintas zonas rurales del departamento.
La mandataria señaló que habitantes de esas regiones han reportado la circulación de panfletos y mensajes intimidatorios relacionados con el proceso electoral.
Autoridades relacionan las presiones con las elecciones presidenciales
Según lo expuesto por la Fuerza Pública, el comportamiento de las disidencias en el sur del Meta habría cambiado en los últimos meses. Las autoridades consideran que, además del control de corredores estratégicos y economías ilegales, las estructuras armadas estarían buscando influir sobre las comunidades antes de las elecciones presidenciales.
Las denuncias apuntan a posibles casos de constreñimiento electoral mediante amenazas y control sobre pobladores rurales en zonas donde existe limitada presencia institucional.
Las Fuerzas Militares han desarrollado operaciones sostenidas contra estas estructuras armadas en Meta y Guaviare, incluidos bombardeos y despliegues operacionales en áreas de influencia de las disidencias.
El audio que generó controversia
La discusión sobre las presuntas presiones armadas aumentó luego de la difusión de un audio conocido el pasado 13 de mayo, inicialmente revelado por Noticias RCN.
En la grabación se escucha a un hombre mencionar al candidato presidencial Iván Cepeda mientras habla sobre la carnetización y el control sobre comunidades campesinas.
“Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años nosotros”, se escucha en el audio.
Inicialmente, la grabación fue atribuida a alias “Rogelio Benavides”, supuesto integrante de las disidencias lideradas por alias “Calarcá”. Sin embargo, posteriormente el Ministerio de Defensa aseguró que la voz correspondería realmente a alias “Sergio”, un extorsionista recluido en la cárcel La Picaleña, en Tolima.
La explicación oficial generó cuestionamientos debido a diferencias entre versiones conocidas públicamente.
El periodista Melquisedec Torres, columnista de El Colombiano, afirmó en su cuenta de X que las grabaciones originales no corresponderían a audios enviados desde una cárcel. Según indicó, estos mensajes fueron difundidos en grupos de líderes campesinos y juntas comunales.
Además, fuentes citadas por el medio señalaron que las instrucciones relacionadas con la carnetización estarían siendo impartidas desde el sector de Puerto Cachicamo, zona donde grupos armados mantienen control sobre corredores de movilidad utilizados para actividades ilícitas.
Denuncias políticas sobre presuntas presiones armadas
En medio del debate electoral, diferentes dirigentes políticos también han denunciado posibles presiones de grupos armados sobre comunidades rurales.
La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró haber recibido denuncias desde Valle del Cauca sobre amenazas relacionadas con el sentido del voto.
Según relató durante un debate presidencial, algunos ciudadanos le manifestaron haber recibido advertencias como: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”.
Por su parte, Claudia López afirmó en redes sociales que tiene conocimiento de presuntas presiones ejercidas por grupos armados en diferentes regiones del país para favorecer electoralmente a un candidato presidencial, aunque no mencionó nombres específicos en esa publicación.
El diputado del Centro Democrático en Valle del Cauca, Rafael Rodríguez, también denunció restricciones para realizar actividades de campaña en municipios como Dagua y Jamundí.
Según el exmandatario, integrantes del ELN y de estructuras disidentes de las Farc estarían condicionando el voto de comunidades campesinas en municipios como Santander de Quilichao.
Hasta el momento, varias de estas denuncias no han derivado en investigaciones judiciales públicas ni han sido acompañadas de pruebas formalmente presentadas ante las autoridades.