Por Leonardo González Perafán, Director de Indepaz.
Hoy el debate se centra en la cantidad de masacres, pero los datos muestran que el problema no es solo cuántas ocurren, sino la persistencia y profundidad de una violencia que se ha vuelto estructural en los territorios.
El análisis de las masacres en Colombia entre 2016 y abril de 2026 muestra una tendencia que va más allá de los hechos aislados o de los picos coyunturales.
Cuando se observa la serie mes a mes, la violencia no aparece como un fenómeno episódico, sino como una dinámica sostenida que en varios momentos, se ha intensificado.
Entre 2016 y 2019, el comportamiento de las masacres fue relativamente bajo e irregular. Los meses con más de cinco hechos eran excepcionales y no la regla. Este periodo coincide con la implementación inicial del Acuerdo de Paz con las FARC, donde, pese a múltiples dificultades, aún no se había consolidado el reordenamiento violento del territorio por parte de otros actores armados.
Sin embargo, a partir de 2020 se produce un quiebre claro. La serie mensual muestra un aumento sostenido tanto en la frecuencia como en la intensidad de las masacres.
Ya no se trata de eventos esporádicos: aparecen con mayor regularidad meses con más de 8, 10 e incluso más de 12 masacres (sept/2020 con 16 masacres). Este cambio marca la consolidación de nuevas dinámicas de control territorial, disputa armada y expansión de economías ilegales.
Los años 2021 y 2022 representan uno de los momentos más críticos de toda la serie.
En estos años se concentran varios de los picos más altos registrados en la década, con meses que alcanzan cifras xcepcionalmente altas. Este comportamiento coincide con la expansión de estructuras como el Estado Mayor Central en el suroccidente, el fortalecimiento del ELN en algunas regiones como el Catatumbo y la consolidación del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en corredores estratégicos del norte del país. No es un aumento aleatorio: responde a disputas por control territorial, rutas del narcotráfico y mecanismos de regulación violenta de la población.
Luego de una leve estabilización relativa en 2023 y parte de 2024, sin que esto implique una reducción estructural, la serie vuelve a mostrar señales preocupantes hacia finales de 2025 y comienzos de 2026. En los primeros meses de 2026 ya se observan cifras altas que, de mantenerse la tendencia, podrían ubicar este año nuevamente entre los más violentos de la última década.
¿Masacres y paz total?
Lo más relevante de este comportamiento es que rompe con la idea de que la violencia en Colombia responde únicamente a ciclos políticos o a momentos puntuales de negociación. La evidencia muestra que las masacres están profundamente ligadas a procesos estructurales: la disputa por economías ilegales, la fragmentación de actores armados y la imposición de formas de gobernanza ilegal en los territorios.
En ese sentido, reducir el análisis a si hay o no mesas de diálogo resulta insuficiente. La serie demuestra que la violencia no se detiene automáticamente con negociaciones, pero tampoco puede explicarse únicamente por su existencia o ausencia. Las mesas son un componente de la política de paz, pero no reemplazan las obligaciones del Estado en materia de protección, control territorial y desmantelamiento de estructuras criminales.
Además, estos datos permiten evidenciar otro elemento clave: las masacres no son solo expresiones de confrontación armada, sino también mecanismos de control social. En muchos casos, responden a lógicas de “castigo”, “limpieza social”, “ajustes de cuentas” o imposición de normas por parte de actores armados, lo que conecta directamente con fenómenos de regímenes de poder local o “gobernanzas armadas ilegales”. Sin embargo, estos regímenes locales no pueden entenderse únicamente desde los grupos armados, sino también desde las relaciones que estos establecen con economías legales e ilegales, redes de corrupción y actores locales que se benefician de ese orden impuesto.
El reto, entonces, no es solo reducir las cifras, sino comprender lo que estas representan. Cada punto en la serie no es un dato aislado: es la expresión de un territorio en disputa, de una institucionalidad insuficiente y de comunidades que siguen siendo expuestas a formas extremas de violencia.
Si algo deja claro esta década de datos es que Colombia no está frente a una violencia residual, sino frente a una reconfiguración persistente del conflicto y de la criminalidad organizada. Ignorar esa tendencia, o simplificarla, solo contribuye a que los picos que hoy vemos en la gráfica se repitan mañana en la realidad.