Versiòn Infobae.
La Cámara de Representantes aprobó en la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026 el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, fijado por 634,9 billones de pesos, con 112 votos a favor. La decisión acogió el texto que el Senado había avalado previamente por 57 votos contra uno y dejó la iniciativa lista para la sanción presidencial.
Los ajustes introducidos al proyecto redujeron en $8,36 billones los recursos previstos para la amortización de la deuda. Esa modificación permitió elevar la inversión en cerca de $7,74 billones.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que el texto incorpora $5 billones adicionales para salud y $6,4 billones para el Ministerio de Defensa frente a la propuesta inicial del Gobierno. “Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”, declaró ante los medios.
La distribución aprobada contempla $100.000.000.000 para educación y $3 billones adicionales para el sector de minas y energía. Con esta asignación, el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía pasará de $7,5 billones a $10,51 billones.
El texto también ordena al Gobierno presentar cada tres meses informes sobre los recursos disponibles en caja y los gastos de la Nación durante 2027. La medida busca establecer seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria.
Entre las asignaciones específicas, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Rama Judicial recibirán $100.000.000.000 cada una. Además, se destinaron $11.400.000.000 para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate y $30.000.000.000 para gastos de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
El recorte a la JEP y las facultades para el Fondo Milagro
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afrontaría una reducción de $11.402.000.000 en su presupuesto de inversión. Esos recursos serían trasladados al Ministerio de Defensa para cubrir indemnizaciones pendientes a familiares de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asesinados por las extintas Farc-EP.
La proposición fue atribuida al representante del Centro Democrático Daniel Briceño y establece que el dinero se usaría para pagar sentencias ejecutoriadas. La reducción generó controversia por sus efectos sobre los recursos de la jurisdicción transicional.
En el Senado, 65 artículos sin proposiciones fueron aprobados en bloque. La senadora Jennifer Pedraza pidió que los artículos dos, 90, 91 y 92 fueran votados individualmente, pero se sometieron a una sola decisión y recibieron 58 votos favorables y 15 en contra.
Cerca de 800 proposiciones adicionales fueron rechazadas en bloque. La jornada también incluyó la salida temporal de integrantes de la bancada liberal, luego de las declaraciones del presidente De la Espriella sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos en San Andrés.