Autoridades y organizaciones indígenas alertaron sobre una serie de decisiones adoptadas en el resguardo Misak de Guambía, ubicado en el municipio de Silvia, oriente del Cauca donde se ordenó la privación de la libertad por 72 horas contra cuatro exgobernadores, junto con sanciones adicionales de inhabilidad para ejercer cargos públicos, destitución de funciones comunitarias y sanciones políticas de hasta 20 años. Las medidas afectaron a Mamá Luz Dary Aranda, Taita Luis Felipe Calambas Velasco, Mamá Mercedes Tunubalá y Taita Jesús Antonio Tunubalá, en decisiones atribuidas a la gobernadora Liliana Pechene Muelas y al asesor jurídico del cabildo, Jhon Jairo Tumiña.
El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) emitió un comunicado público nacional e internacional titulado “Denuncia de persecución política, obstrucción a la justicia y violación de derechos humanos en el resguardo de Guambía, Silvia – Cauca”, en el que señala que las sanciones habrían sido impuestas sin pruebas, sin un proceso transparente y sin garantías de debido proceso conforme al derecho mayor, el derecho propio y los estándares constitucionales. La organización advirtió que la jurisdicción indígena no puede utilizarse como instrumento de represalia política ni para desconocer decisiones judiciales, e hizo un llamado a la vigilancia de organismos nacionales e internacionales frente a la situación.