La medida contra Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez incluye una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. El proceso está relacionado con respuestas incompletas a derechos de petición sobre la Ciudadela San Eduardo, en Popayán.
El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán impuso una sanción de ocho días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, por desacato a un fallo de tutela.
La decisión quedó consignada en el Auto Sustanciatorio No. 1037 del 19 de octubre de 2026 y se fundamenta en el presunto incumplimiento de una orden judicial que exigía a la administración departamental responder de manera clara, concreta y precisa dos derechos de petición presentados en julio de este año por Francisco Javier Astorquiza Cifuentes.
Las solicitudes estaban relacionadas con la Ciudadela San Eduardo
Los derechos de petición buscaban obtener información sobre la situación jurídica, administrativa y patrimonial de la Ciudadela San Eduardo, ubicada en Popayán.
Entre los asuntos consultados se encuentran los documentos urbanísticos del predio, las condiciones de administración del inmueble, la fiducia constituida con Fiduciaria Bogotá y las posibles decisiones relacionadas con el futuro de la propiedad.
De acuerdo con lo expuesto en la decisión judicial, aunque la Gobernación del Cauca emitió respuestas y trasladó algunas solicitudes a otras entidades por considerar que correspondían a sus competencias, el despacho encontró que la información suministrada era parcial y que varias de las preguntas formuladas no habían sido contestadas de manera integral.
El juzgado encontró incumplimiento de la orden judicial
Tras evaluar las actuaciones de la administración departamental, el juzgado consideró acreditado el incumplimiento de la orden impartida mediante la tutela. En consecuencia, determinó imponer al mandatario departamental las sanciones de arresto y multa contempladas en la providencia.
La decisión busca que se cumpla integralmente la orden judicial relacionada con el derecho de petición y el acceso a la información solicitada por el ciudadano.
Sin embargo, la sanción todavía debe ser revisada por el Juzgado Penal del Circuito de Popayán. Una vez se surta esa revisión y la providencia quede en firme, se adelantará el procedimiento correspondiente para hacer efectiva la medida de arresto.
Asimismo, el despacho dispuso remitir copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, una vez la decisión judicial quede en firme, para los fines que correspondan dentro de sus competencias.
La decisión no ordena entregar el inmueble
Uno de los puntos centrales del caso es que la decisión judicial no ordena entregar la Ciudadela San Eduardo a la comunidad ni al municipio de Popayán.
El alcance de la providencia se limita al cumplimiento de la orden de tutela, específicamente a responder de manera completa, clara y precisa los derechos de petición presentados por Francisco Javier Astorquiza Cifuentes.
Por lo tanto, el proceso se concentra en el deber de la administración departamental de suministrar la información requerida, sin que la sanción implique, por sí misma, una decisión sobre la titularidad, la entrega o el destino definitivo del inmueble.
Mientras se surte la revisión judicial, el caso mantiene la atención sobre la situación administrativa y patrimonial de la Ciudadela San Eduardo y sobre las obligaciones de las autoridades frente al derecho fundamental de petición.