El Juzgado Primero Penal Municipal sancionó en primera instancia al alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, y a la secretaria de Tránsito, Lizeth Vanessa Plazas, con ocho días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, al considerar que incumplieron una orden judicial relacionada con la protección del derecho fundamental de petición de una ciudadana. La decisión fue enviada en grado de consulta ante el juez constitucional del circuito, quien determinará si confirma, modifica o revoca la sanción. En caso de ser ratificada, se oficiará a la fuerza pública para hacer efectiva la medida.
De acuerdo con la información conocida, la ciudadana presentó un derecho de petición el 18 de marzo de este año ante la administración municipal, el cual, presuntamente, no fue respondido dentro de los términos establecidos por la ley. Posteriormente, el 27 de mayo, un despacho judicial concedió una acción de tutela a favor de la peticionaria y ordenó a la Alcaldía emitir una respuesta concreta, clara y de fondo en un plazo perentorio. Sin embargo, según el expediente, la orden no habría sido cumplida y tampoco se atendió el incidente de desacato promovido el 2 de julio.
En la providencia, el juez señaló que «los funcionarios debieron atender los llamados del Despacho, pero no lo hicieron… dando a entender con ello que sabían claramente del presente trámite incidental, y aun así optaron por guardar silencio». Mientras el fallo es revisado por el superior jerárquico, el proceso continúa su curso y será esa autoridad judicial la que adopte la decisión definitiva sobre la sanción impuesta a los dos funcionarios de la administración municipal.