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Trece cuerpos de menores indígenas Nasa permanecen en Medicina Legal en Bogotá a la espera de ser reconocidos por sus familias

Trece cuerpos de menores de edad, al parecer oriundos de los municipios caucanos de Páez, Jambaló, Toribio, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y El Tambo, permanecen en las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Bogotá sin haber sido reconocidos por sus familias. Los menores habrían perdido la vida en combates o bombardeos, y según se conoce, la mayoría pertenecían al pueblo indígena Nasa, una de las comunidades más golpeadas por el reclutamiento forzado que ejercen las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Otros tres cuerpos ya fueron reconocidos por sus familiares y trasladados al Cauca para recibir cristiana sepultura.

Medicina Legal hizo un llamado urgente para que se adelante el proceso de reconocimiento de los menores que aún permanecen en sus instalaciones, con el fin de que sus familias puedan recuperar los cuerpos y darles una despedida digna. La situación pone en evidencia una tragedia silenciosa que se vive en los territorios indígenas del Cauca: niños y niñas arrancados de sus comunidades por grupos armados ilegales, convertidos en combatientes en contra de su voluntad y devueltos a sus familias solo como cifras en un parte de guerra. El reclutamiento forzado de menores indígenas por parte de las disidencias de las FARC constituye un crimen de guerra que el Estado colombiano tiene la obligación de investigar, sancionar y prevenir.

Esta dolorosa realidad exige una respuesta inmediata y contundente de las autoridades nacionales, de los organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional. Los pueblos indígenas del Cauca llevan años denunciando el reclutamiento forzado de sus jóvenes y la penetración de los grupos armados ilegales en sus territorios, sin que las medidas adoptadas hayan sido suficientes para detener esta práctica. Cada cuerpo que reposa en Medicina Legal a la espera de ser reclamado es el testimonio de una infancia robada, de una familia destruida y de un Estado que le debe a sus comunidades indígenas mucho más que promesas. El Cauca exige justicia, verdad y garantías de no repetición.

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