El exgobernador del Cauca puso en entredicho la modalidad de contratación utilizada por la Gobernación para construir la nueva sede de la Secretaría Departamental de Salud. También cuestionó que la interventoría del proyecto esté en manos de la misma entidad contratante.
Un fuerte cuestionamiento a la contratación pública de la Gobernación del Cauca formuló el exmandatario departamental Temístocles Ortega Narváez, al referirse al contrato por valor de 35.258.626.238 pesos destinado a la construcción de la nueva sede de la Secretaría Departamental de Salud.
A través de un pronunciamiento de tono contundente, Ortega expresó su preocupación por la forma en que, según señala, fueron asignados los recursos del proyecto al denominado Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social, conocido como FONPACÍFICO.
El exgobernador cuestionó que una contratación de esta magnitud se haya realizado, según sus afirmaciones, de manera directa, sin acudir a un proceso de licitación pública que permita garantizar condiciones de transparencia, pluralidad de oferentes y competencia entre posibles contratistas.
Pero sus reparos no terminan allí. Ortega también puso la lupa sobre la interventoría de la obra, al señalar que esta habría quedado igualmente en manos de FONPACÍFICO.
«Este mismo fondo contrata además la interventoría. Es decir: yo con yo. ¡Negocio redondo, socio!», expresó el exmandatario, utilizando una frase que resume sus cuestionamientos frente al esquema de contratación del proyecto.
¿Dónde están los controles y la transparencia?
En su pronunciamiento, Temístocles Ortega también planteó interrogantes sobre el papel de la Secretaría de Infraestructura del departamento y la utilización de mecanismos de selección pública para adjudicar un contrato que compromete más de 35 mil millones de pesos de recursos públicos.
Las preguntas del exgobernador ponen sobre la mesa asuntos que requieren explicaciones por parte de la administración departamental: ¿Cuál fue el mecanismo jurídico utilizado para entregar el proyecto a FONPACÍFICO? ¿Por qué se escogió esta modalidad de contratación? ¿Quién ejercerá el control independiente sobre la ejecución de los recursos y la calidad de la obra?
Se trata de interrogantes que hacen necesario conocer los estudios previos, los documentos contractuales, las condiciones de selección y las responsabilidades de quienes participan en la ejecución y vigilancia del proyecto.
Un duro llamado de atención sobre la realidad del Cauca
Más allá del contrato, Ortega amplió sus críticas al señalar que mientras se adelantan disputas políticas, se buscan candidaturas y se distribuyen espacios burocráticos, el departamento continúa enfrentando graves problemas de orden público, inseguridad y dificultades sociales y económicas.
En su mensaje mencionó los atentados, secuestros, asesinatos, desapariciones, amenazas, minería ilegal, economías ilícitas, pobreza, desempleo juvenil, atracos y robos, como parte de una realidad que, a su juicio, no está recibiendo la atención que merece.
Con expresiones cargadas de indignación, cuestionó lo que considera una desconexión entre las prioridades de la dirigencia política y las necesidades de la población caucana.
«Aquí lo único que hay son candidatos y logística. ¡Sí, socio, logística!», manifestó Ortega, al cerrar su pronunciamiento con fuertes calificativos contra quienes considera responsables de esta situación.
La Gobernación debe responder
El cuestionamiento del exgobernador deja planteado un debate sobre la transparencia, la vigilancia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos destinados a la nueva sede de la Secretaría de Salud del Cauca.
Por la cuantía del contrato y las inquietudes sobre la contratación de la obra y su interventoría, resulta fundamental que la Gobernación del Cauca entregue explicaciones públicas, aclare el procedimiento utilizado y permita conocer los mecanismos de control establecidos.
Las denuncias y cuestionamientos formulados por Ortega deberán contrastarse con los documentos oficiales del proceso contractual y con las explicaciones de la administración departamental y de FONPACÍFICO.
La discusión no es solamente sobre la construcción de un edificio por más de 35 mil millones de pesos. Es también sobre cómo se contratan las obras públicas, quién vigila su ejecución y qué garantías tiene la ciudadanía de que cada peso de sus impuestos se invierta con transparencia y responsabilidad.