Versiòn Infobae.
La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución 0-0273, reactivó siete órdenes de captura contra exrepresentantes de Comuneros del Sur, que habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones ante los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociopolíticos.
- Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki.
- Gabriel Yepes Mejía, alias HH, pedido en extradición por Estados Unidos.
- Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana Santo.
- Eligio García Natascuas, alias Santos.
- Jaime Eduardo Álvarez Riascos.
“La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con ese grupo y revocara la designación de sus miembros representantes”, informó la entidad.
Estas quedaron establecidas en las resoluciones 365 y 369 de 2026, que anulan actos administrativos expedidos entre 2023 y 2024. Esas normas habían habilitado las conversaciones con ambos grupos y la participación de funcionarios designados por el Gobierno.
No son voceros dentro de los procesos de paz
De igual forma, los nuevos documentos dejan sin efecto el reconocimiento de integrantes de las organizaciones armadas como voceros dentro de los procesos de paz. Con ello, el Ejecutivo retira la estructura institucional que sostenía las mesas y cierra, por ahora, dos de los canales de negociación que seguían vigentes.La decisión sigue la línea expresada por De la Espriella en intervenciones durante su mandato. El 31 de agosto afirmó que “se acabaron las mesas sin resultados”. El Gobierno ya había tomado determinaciones similares frente a:
- Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
- Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
- Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, encabezado por alias Calarcá.
No obstante, aún no se conoce una resolución que establezca qué ocurrirá con los contactos entre el Estado y el Clan del Golfo, uno de los principales interrogantes que deja la redefinición de la política de seguridad y negociación.
Cuestionamientos a la viabilidad jurídica del proceso en Nariño
En el caso de Comuneros del Sur, una estructura que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno sostuvo que el proceso no alcanzó las condiciones necesarias para avanzar hacia el sometimiento a la justicia y el regreso de sus integrantes a la legalidad.
La resolución reconoce que existió una hoja de ruta orientada a la paz territorial en Nariño. El grupo entregó material de guerra y estuvo cerca de acordar una zona de ubicación temporal, aunque ese punto no llegó a concretarse.
Pese a esos avances, el Ejecutivo concluyó que “no ha sido posible concretar una línea jurídica e institucional clara” para definir la situación de los integrantes de la organización. El documento también señaló que no existe una ruta que permita materializar su sometimiento ni garantizar “su tránsito efectivo a la legalidad y al Estado Social de Derecho”.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, había solicitado una conversación con el Gobierno nacional para discutir las consecuencias del cierre de los diálogos y el rumbo de la estrategia de seguridad en el departamento. Según él, las decisiones deben considerar los resultados de las negociaciones en la reducción de la violencia
La paz urbana de Medellín quedó sin marco para el sometimiento
La segunda resolución pone fin al espacio sociojurídico con bandas de Medellín y el Valle de Aburrá, que comenzó a mediados de 2023. Allí participaron jefes de estructuras como La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana, además de otros grupos y combos locales con presencia en distintos sectores de la región. El proceso estuvo rodeado de controversias desde su inicio.
Uno de los episodios más cuestionados fue el llamado “tarimazo” en La Alpujarra, cuando varios cabecillas salieron de prisión para participar en un acto junto al entonces presidente Gustavo Petro.
Para el Gobierno, el principal obstáculo de la mesa urbana fue la falta de una norma que regulara el sometimiento de las organizaciones a la justicia. La resolución afirma que, “en ausencia de dicho instrumento legal”, no existe una vía “cierta, suficiente y ejecutable” para cumplir los objetivos del diálogo.
El cierre ocurre después del traslado de 104 reclusos desde la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos 17 integrantes de la mesa. En abril, ese penal también fue escenario de una celebración con música en vivo, licor y banquetes, según la información conocida sobre el caso. Habitantes de zonas bajo influencia de estas estructuras temen que la ruptura del proceso derive en nuevos homicidios, retaliaciones y disputas entre grupos criminales. El alcance de esos riesgos dependerá de las decisiones que adopten las autoridades locales y nacionales tras la terminación formal de las conversaciones.