Versiòn Revista Semana.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con SEMANA, se refirió a los polémicos casos de los generales Federico Mejía y Juan Miguel Huertas, ambos con procesos vigentes en la Fiscalía General de la Nación.
“El oficial reportó que, una vez capturaron a una de esas personas con pasta base de coca, es decir, con el elemento base para luego seguir en cocaína, había una asonada allá”, dijo el ministro al explicar la situación.
De acuerdo con Sánchez, cuando se presentó el caso, hace dos años, los ánimos estaban muy exacerbados en la región del Cauca, y la población amenazó con una asonada contra las tropas si no regresaban al traficante de pasta base de cocaína.
Por esta razón, el general Mejía accedió a la amenaza de los pobladores y, por encima de las autoridades judiciales, ordenó liberar al capturado que estaba en poder del Ejército.
Sin embargo, esta no es la única polémica en torno al general Mejía. En el municipio de Ortega, en el Cauca, unidades bajo su mando patrullaron junto a civiles armados, reviviendo las aterradoras escenas del surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando se establecieron alianzas criminales con miembros del Ejército
“Son hechos delicados y se tienen que investigar”, dijo el ministro Sánchez, al reconocer que uno de los civiles que aparece en los videos revelados en exclusiva por SEMANA sí estaba armado con una escopeta y daba indicaciones a integrantes del Ejército bajo el mando del general Mejía.
“La persona que aparece ahí sí tenía un arma, una escopeta, y estaba ayudando, estaba dando información, etcétera; eso también está en investigación”, añadió el ministro Sánchez.
El otro caso al que hizo referencia el ministro de Defensa fue el del general Juan Miguel Huertas, quien cumplió una suspensión de tres meses por parte de la Procuraduría. Según el ministro, al no haber nuevas decisiones en su caso, el oficial se reactivará en el Ejército como jefe de Comando de Personal.
“El caso del señor general Huertas tiene que ver con una decisión de la Procuraduría de suspenderlo temporalmente; no se trató de llamarlo a calificar servicios, sino de apartarlo durante tres meses mientras se investiga”, precisó el ministro.