Versiòn Infobae.
La propuesta de un aumento del 38,5% del salario mínimo para 2027 podría elevar el déficit fiscal (diferencia negativa que ocurre cuando los gastos del Estado superan a sus ingresos, principalmente provenientes de impuestos y tasas, durante un periodo determinado, por lo general un año en Colombia) y llevarlo a un nivel histórico. Así lo aseguró el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho. El cálculo parte de una proyección oficial de déficit de 9,4% del PIB para ese año.
El experto precisó que el déficit previsto para 2027 podría cruzar el umbral de dos dígitos si se aprueba el porcentaje propuesto. “Tendríamos para el año 2027 un déficit fiscal de dos dígitos si este aumento se produjera”, señaló, al advertir que un resultado próximo al 10% del PIB también dificultaría las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El deterioro de las cuentas públicas, según Henry Amorocho, se trasladaría a los precios. El docente calculó que el incremento salarial podría sumar entre 0,5% y 0,7% a la inflación y sostuvo: “Si se aumenta ese salario mínimo, se aumenta desde luego el déficit fiscal, lo que va a tener un impacto sobre la inflación”.
“No hay ninguna posibilidad real de nosotros pensar en un aumento de más de dos dígitos”, afirmó. Agregó que la tasa de desempleo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), pasó de 8,6% a 9,4% en las estadísticas de agosto de 2026. Para Amorocho, esa variación también obliga a medir el impacto que un incremento elevado tendría sobre la capacidad de contratación formal.
Entretanto, el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de La Universidad de La Sabana Wilson Rodríguez remarcó que la propuesta del 38% solo busca dar un ancla para las negociaciones. “Al menos así lo veo, no creo que sea una propuesta seria, al menos no teniendo en cuenta el contexto actual. Creo que sus probabilidades son casi cero”, anotó. No obstante, dijo que si se da “tendría efectos inflacionarios, repercusiones en el sector privado (competitividad, costos, etc.). No creo que la economía lo soportara”.
Insistió en que “para el Estado sería catastrófico. Primero, los gastos de funcionamiento se disparan aumentando el problema fiscal que ya tenemos. Se repetirían problemas como el aumento en presupuesto para pensiones. Ya vimos varios de esos problemas este año”. Esto teniendo en cuenta que el aumento fue de 23,7%.
Bustos preguntó de dónde provendría esa presunta deuda, quién la habría contraído y cómo encajarían en el cálculo la productividad, la inflación, el empleo formal, la informalidad y la capacidad de pago de las empresas. Según él, equiparar la brecha frente al denominado salario vital con una deuda económica resulta conceptualmente cuestionable; defender mejores remuneraciones es legítimo, pero sumar porcentajes sin exponer sus consecuencias no constituye una política salarial seria.
La CEO de Grupo Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, sostuvo que el país enfrentaría un riesgo excepcional si el ajuste llegara a 38,5%. “El país no estaría ante una negociación salarial ordinaria, sino ante la antesala de una catástrofe económica de dimensiones históricas”, afirmó.
Rodríguez recordó que el aumento de 23,7% aplicado en 2026 dejó problemas de liquidez en empresas y llevó a comercios a trasladar parte de sus costos a arriendos, alimentos y servicios. Según su evaluación, las tasas de interés alcanzaron 12,25% y “La economía todavía no sana de ese golpe”.
Calculó que el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a $2.425.003, un incremento superior a $674.000 por trabajador antes de sumar aportes a salud, pensión, parafiscales y provisiones laborales. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, esa carga sería difícil de absorber: “Para las MiPymes colombianas que representan el grueso del empleo esa carga es matemáticamente mortal”, advirtió.
Señaló que un ajuste de esa dimensión, con una productividad cercana al 1%, podría traducirse en despidos e inflación. “Mantener la discusión anclada entre el 8% y máximo el 10% no es tacañería empresarial; es la única barrera que hoy separa a Colombia de un colapso productivo irreversible”, sostuvo.
Posibles aumentos del salario mínimo
Un análisis de Crowe Colombia planteó que el efecto de cualquier aumento no será igual en todos los sectores. El socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, Pedro Sarmiento Pérez, indicó que la carga salarial cambia según las jornadas y la necesidad de operar durante domingos o días de descanso obligatorio: “La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia”.
Dicha firma elaboró simulaciones con incrementos de 6,29%, 8% y 10%, sin presentarlos como propuestas oficiales ni como anticipos de la decisión gubernamental. Bajo esos escenarios, el salario básico mensual, sin auxilio de transporte, sería de $1.861.037, $1.890.977 o $1.925.996, respectivamente.
La negociación también coincidirá con el aumento del recargo por trabajo en día de descanso obligatorio establecido en la Ley 2466 de 2025. La norma elevará ese recargo del 90% al 100% de la hora ordinaria desde el 1 de julio de 2027, y presume que el domingo es día de descanso obligatorio, salvo que exista un acuerdo escrito que establezca otro día.
Crowe calculó que, para un trabajador que recibe el salario mínimo y cumple una jornada de 42 horas semanales, el pago adicional por hora asociado al recargo asciende actualmente a $7.504. Si el salario básico subiera 8%, esa suma llegaría a $9.005 desde julio de 2027.
La propuesta que buscan los sindicatos
La propuesta de 38,5% aún no es definitiva, pues Arias indicó que debe revisarse en el Comando Nacional Unitario (CNU) antes de la discusión formal con el Gobierno y los empleadores.
Precisamente, los sindicatos anunciaron que trabajan en un cifra para proponer en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que deberá procurar un acuerdo antes del 15 de diciembre; si no lo consigue, las partes deberán justificar sus posiciones y el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para fijar el aumento por decreto, que regirá desde el 1 de enero de 2027.