De acuerdo con la denuncia comunitaria, desde el pasado domingo se han registrado hostigamientos, explosiones, lanzamiento de granadas y ataques con drones que las comunidades atribuyen a estructuras de las disidencias de las antiguas FARC-EP. Los hechos mantienen a numerosas familias en confinamiento y en condiciones de hacinamiento, mientras niños, adultos mayores, mujeres y demás población civil permanecen expuestos a los efectos de los enfrentamientos. Los habitantes advierten además afectaciones en la movilidad, el acceso a servicios básicos, alimentos, agua y atención médica.
Ante la gravedad de la situación, las comunidades solicitaron al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos adoptar medidas humanitarias inmediatas, garantizar la seguridad y facilitar corredores para la atención de la población afectada. También pidieron investigar los hechos denunciados y prevenir nuevos ataques. En su llamado, solicitaron acompañamiento de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales, al tiempo que reclamaron que Ortega no vuelva a convertirse en un territorio olvidado y que se garantice a los campesinos el derecho a permanecer en sus tierras y vivir sin miedo.
El Comunicado expresa:
Las comunidades campesinas del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, Cauca, hacemos un llamado urgente a la opinión pública, al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales y a los organismos de derechos humanos, ante la grave situación de orden público y emergencia humanitaria que se viene presentando en nuestro territorio desde el domingo 9 de agosto de 2026.
Desde esa fecha, la población civil ha quedado expuesta a hostigamientos permanentes, explosiones, lanzamiento de granadas y ataques mediante drones, hechos que, según las denuncias de la comunidad, estarían relacionados con la actuación de estructuras armadas pertenecientes a las disidencias de las antiguas FARC-EP.
Estos hechos han generado un estado permanente de zozobra, miedo y confinamiento, poniendo en grave riesgo la vida, la integridad personal y la seguridad de las comunidades campesinas.
Lo más preocupante es que los enfrentamientos y acciones armadas se desarrollan en un territorio donde habitan niños, niñas, adultos mayores, mujeres, familias campesinas y población civil en general, quienes no hacen parte de las hostilidades y deben ser protegidos de manera efectiva frente a los efectos del conflicto armado.
La comunidad denuncia que muchas familias se encuentran actualmente confinadas y hacinadas, buscando refugio en lugares que consideran seguros para proteger sus vidas ante la continuidad de los ataques. Los niños y adultos mayores son particularmente vulnerables frente a esta situación, que además afecta la tranquilidad, la movilidad, el acceso a servicios básicos y el normal desarrollo de las actividades de la comunidad.
Rechazamos de manera categórica cualquier acción de los grupos armados ilegales que ponga en peligro a la población civil. El Derecho Internacional Humanitario establece la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades y exige el respeto de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, así como la protección de las personas y bienes civiles.
La utilización de artefactos explosivos, drones con capacidad de ataque, granadas y demás medios que puedan afectar indiscriminadamente a la población genera un riesgo inaceptable para las comunidades que permanecen en medio de la confrontación armada.
Ortega no puede convertirse nuevamente en un territorio olvidado por el Estado. Nuestros campesinos no pueden ser obligados a vivir encerrados, nuestros niños no pueden crecer escuchando explosiones y nuestros adultos mayores no pueden permanecer en refugios improvisados por temor a perder la vida.
ANTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN, SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE E INMEDIATA AL GOBIERNO NACIONAL:
1. Garantizar la vida, integridad y seguridad de la población civil del corregimiento de Ortega y de las comunidades rurales afectadas.
2. Adoptar medidas humanitarias urgentes para atender a las familias que se encuentran confinadas, hacinadas o en condiciones de especial vulnerabilidad.
3. Garantizar la presencia efectiva de las instituciones del Estado en el territorio, con especial atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres y personas con condiciones de vulnerabilidad.
4. Disponer de manera inmediata los mecanismos necesarios para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua potable, medicamentos y demás elementos esenciales para las familias afectadas.
5. Garantizar corredores y condiciones de seguridad que permitan la atención médica y humanitaria de las personas que lo requieran.
6. Solicitar a los organismos competentes la verificación, documentación e investigación de los hechos denunciados, así como la identificación de los responsables.
7. Adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos ataques y evitar que la población civil continúe siendo víctima de las acciones de los grupos armados.
8. Brindar acompañamiento permanente de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, así como de los organismos encargados de la protección de los derechos humanos.
La comunidad de Ortega hace un llamado a Colombia y a la comunidad internacional para que no se normalice la violencia contra la población campesina. No estamos solicitando privilegios. Estamos exigiendo algo elemental: el derecho a vivir, a permanecer en nuestro territorio y a que nuestros hijos puedan crecer sin miedo.
La población civil no puede seguir pagando las consecuencias de una guerra que no le pertenece.
Por ello, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Gobernación del Cauca, Alcaldía de Cajibío, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Unidad para las Víctimas y demás organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para que intervengan de manera inmediata y articulada frente a la emergencia que atraviesa esta comunidad.
S.O.S. A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
“Elevamos un S.O.S. urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU y su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH / Corte IDH), a la Corte Penal Internacional y a las misiones diplomáticas en Colombia. Solicitamos la activación de Medidas Cautelares y el acompañamiento de misiones de observación internacional que respalden los esfuerzos institucionales.
La vigilancia de la comunidad internacional es indispensable para prevenir un escalamiento de las violaciones al DIH, proteger a las familias campesinas y evitar el desplazamiento forzado.»