Versiòn Infobae.
El sistema de salud colombiano se encuentra en una profunda crisis en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno, una problemática que compromete la atención de más de 23 millones de personas.
Un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, divulgado por Semana, alertó sobre pérdidas patrimoniales que superan los $12 billones, un aumento crítico de la siniestralidad y una gestión estatal que no ha logrado frenar el deterioro ni asegurar el derecho a la salud.
Según el órgano de control, las EPS bajo intervención afrontan crecientes problemas financieros y operativos. El reporte detalló que los pasivos de estas entidades alcanzaron $30,4 billones a diciembre de 2024, casi el doble que hace dos años, mientras que el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud se ha visto comprometido para el 44% de la población afiliada.
La procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, describió el panorama: el sistema evidencia una marcada fragilidad financiera y de funcionamiento. “Encontramos un aumento importante de los costos médicos que tiene un impacto en la siniestralidad. Tenemos pérdidas patrimoniales acumuladas de más de 12 billones de pesos”, indicó Ulloa al medio citado.
Las cifras oficiales muestran que siete de cada diez de las EPS bajo control estatal reportaron mayor siniestralidad que antes de la intervención. A su vez, el 75% de estas incrementó significativamente sus gastos administrativos.
El informe advirtió que no existen controles suficientes que permitan detener esta tendencia, ni facilidades para que los usuarios accedan de manera adecuada a medicamentos y servicios, dejando al descubierto la ausencia de estrategias y acciones claras por parte de los interventores.
“No hay plan, no hay vigilancia concreta ni medidas efectivas por parte de esos agentes interventores para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la prestación del servicio de salud en oportunidad, calidad y eficiencia”, cuestionó Ulloa. Los requerimientos dirigidos al Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud agregan el informe abordado por el mismo medio, siguen sin respuestas de fondo.
Sanciones y fallos en la gestión de los interventores de las EPS
La Procuraduría General de la Nación sancionó a los interventores de varias EPS debido al incumplimiento de funciones e ineficiencia. Entre marzo y los meses siguientes de 2025, el órgano de control suspendió temporalmente a Wilmar Salgado y Carlos Betancur, responsables de Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS), al atribuirles el aumento de la siniestralidad, deterioro financiero y disminución patrimonial en sus entidades.
En el caso de Coosalud, se ordenó la suspensión de Alexander Mesa, tras un incremento a más de 107.000 PQR a diciembre de 2025 y un alza del 21% en tutelas, así como un aumento excesivo de cuentas por cobrar.
La administración de AsmetSalud, que ha tenido seis interventores en tres años, registró la suspensión definitiva de Lain Eduardo López. El máximo organismo del Ministerio Público justificó su salida por el aumento del 25% en tutelas y del 19% en siniestralidad, junto con una pérdida financiera de $399.884.000.000.
En Capresoca, la interventora Betty Cecilia Anaya fue suspendida por resultados preocupantes: las PQR subieron 144% y el patrimonio cayó en $207.000.000.000. Un fallo citado por Semana señaló que esto “refleja una violación masiva y sistemática al derecho a la salud”, mientras que los indicadores financieros y de siniestralidad continuaron empeorando.
El informe de la Procuraduría advirtió que la Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, enfrenta incertidumbre jurídica tras el vencimiento de la intervención estatal el 3 de abril de 2025. La entidad no dispone actualmente de auditoría contratada ni de estados financieros actualizados, lo que impide conocer el alcance real de sus obligaciones económicas.
Frente a esto, el Ministerio Público solicitó formalmente documentación a la Superintendencia de Salud sobre la prórroga de la intervención, sin obtener respuestas claras. Mónica Ulloa, procuradora delegada, señaló en diálogo con Semana que la auditoría de facturas sigue represada y que la Nueva EPS opera solo con anticipos que le permiten mantener mínimos servicios.
Este vacío administrativo motivó al Gobierno nacional a considerar una extensión de la medida de intervención por al menos un año; entre tanto, persisten los riesgos para la estabilidad financiera y la atención de los afiliados.
Los datos consolidados mostraron que las vías judiciales se transformaron en la principal herramienta para exigir servicios de salud. Hasta diciembre de 2024, la Corte Constitucional registró más de 312.000 tutelas por fallas en el sistema, el doble que en 2022. La mayoría corresponden a usuarios de EPS intervenidas.
Además, los incidentes de desacato a órdenes judiciales aumentaron 183%. El aumento simultáneo de PQR y tutelas, según el análisis de la Procuraduría, hay evidencias de una repetida violación al derecho esencial a la salud.
El informe indicó que la falta de respuestas efectivas y supervisión sobre los interventores agudiza la crisis, comprometiendo tanto la supervivencia financiera de las EPS como el acceso seguro a medicamentos y servicios médicos.
Para el ente de control, la ausencia de certezas jurídicas y operativas en instituciones como la Nueva EPS amenaza el acceso de millones de colombianos a la salud y pone en riesgo la estabilidad total del sistema.
