El reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Cauca y Nariño no ha desaparecido. Por el contrario, se ha transformado y se mantiene como una de las principales estrategias de control territorial ejercida por grupos armados ilegales que operan en estas regiones del suroccidente colombiano.
De acuerdo con líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy el reclutamiento ya no se basa únicamente en la amenaza directa o la violencia física, sino que combina nuevas formas de manipulación, incluyendo el uso de redes sociales, ofertas engañosas y presiones sobre familias enteras. Estas prácticas ocurren en territorios marcados por la pobreza, el abandono institucional y la disputa armada constante.
En zonas rurales e históricamente golpeadas por el conflicto, actores como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, el ELN, la Segunda Marquetalia y otras estructuras armadas estarían utilizando el reclutamiento como una herramienta clave para asegurar presencia, expandir influencia y controlar comunidades enteras, especialmente en corredores estratégicos donde confluyen economías ilegales y rutas de movilidad.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido las más afectadas. En varios municipios del norte del Cauca y del Pacífico nariñense, se reportan casos en los que jóvenes son señalados, vigilados o presionados para vincularse a grupos armados, bajo amenazas contra ellos o sus familias. En algunos casos, el reclutamiento ocurre mediante promesas de dinero, protección o pertenencia, aprovechando la falta de oportunidades educativas y laborales.
Aunque existen esfuerzos institucionales orientados a prevenir este delito, organizaciones sociales aseguran que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. Denuncian que la presencia del Estado suele llegar tarde o de forma fragmentada, y que las medidas se concentran en operativos militares sin abordar las causas profundas que hacen vulnerable a la juventud.
Mientras tanto, son las comunidades las que han asumido el papel más activo en la protección de niños y adolescentes. Guardias indígenas y cimarronas, autoridades tradicionales, organizaciones juveniles y redes comunitarias han desarrollado estrategias propias para resistir el reclutamiento, alertar sobre riesgos y acompañar a familias amenazadas.
Para líderes locales, prevenir el reclutamiento forzado requiere más que fuerza pública. Exigen políticas integrales que fortalezcan el tejido social, garanticen justicia, protejan a las comunidades y generen alternativas reales de vida para la juventud.
En Cauca y Nariño, la guerra sigue disputándose no solo el territorio, sino también el futuro de quienes crecen en medio del conflicto. Las comunidades insisten en que detener el reclutamiento forzado es una condición urgente para construir paz en regiones donde la violencia sigue imponiendo reglas sobre la vida cotidiana.