El reciente anuncio del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre la publicación de los pliegos definitivos del proyecto vial El Estanquillo–Popayán ha sido recibido con gran expectativa en el suroccidente del país. Este megaproyecto representa un primer paso para saldar una deuda histórica con departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, golpeados durante décadas por el abandono estatal en materia de conectividad y desarrollo territorial. La obra, con una inversión superior a los $6 billones, será ejecutada bajo el modelo de asociación público-privada (APP), lo que pone de relieve la importancia del sector privado en la transformación de la infraestructura nacional.
Como lo señaló Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el Estado no tiene la capacidad fiscal para asumir en solitario proyectos de esta envergadura. Por eso, resulta fundamental consolidar alianzas con empresarios y concesionarios que aporten capital, experiencia y eficiencia en la ejecución. El caso de El Estanquillo–Popayán, al igual que otros proyectos como La Dorada–Chiriguaná o el metro de Bogotá, demuestra que, pese a los discursos ideológicos contrarios al modelo APP, es este esquema el que está sacando adelante las obras más ambiciosas del país.
Para el Cauca, este corredor vial no solo significará una mejora sustancial en la movilidad y la seguridad vial, sino también un detonante para la competitividad regional, la inversión, el turismo y el empleo. En un departamento marcado por la desigualdad y el conflicto, esta carretera puede ser una palanca de integración territorial y desarrollo económico sostenible. Lo importante ahora es asegurar la continuidad del proyecto en el Presupuesto General de la Nación 2026, garantizar el uso de vigencias futuras, y no permitir que la burocracia frene una oportunidad que puede cambiarle la cara al suroccidente colombiano.