La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al agente interventor de Coosalud EPS S.A, Alexander Mesa Romero, por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de salud y el posible deterioro financiero de la entidad.
Adicionalmente, la Delegada Disciplinaria de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa le abrió investigación disciplinaria a él y a los otros interventores de Coosalud EPS S.A, Gloria Libia Polanía Aguillón, Julio César Piñeroz Cruz y Carlos Eduardo Franco Muñoz; con el objetivo de establecer su rol en las falencias en la prestación del servicio a los pacientes y el aumento de las pérdidas patrimoniales.
En el seguimiento continuo de la Procuraduría se logró evidenciar que la intervención de Coosalud EPS no ha cumplido con la finalidad de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del aseguramiento en salud, a lo que se sumó el aumento de quejas y reclamos, retrasos en diagnósticos y tratamientos y la oportuna entrega de medicamentos.
Por los hechos mencionados, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal.
La medida adoptada este jueves por la Procuraduría se sumó a la suspensión provisional que el dos de marzo ordenó por el mismo tiempo de los agentes interventores de la Empresa Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud SAS, EPS SOS, Carlos Alberto Betancur Castañeda, y de la EPS Savia Salud, William Humberto Salgado Gamboa.
Ante la grave crisis que presenta el sistema, la Procuraduría desde el año pasado inició visitas a las EPS para conocer el estado del aseguramiento en Colombia, producto de estas investigaciones y del progresivo deterioro en la calidad del servicio que deja a miles de pacientes sin atención y sin medicamentos, este Ente de control ha iniciado investigaciones disciplinarias, para evitar que se siga materializando el riesgo sistémico ante la mala administración de los agentes designados en las intervenciones.