ras 19 meses de intervención administrativa, la Procuraduría General de la Nación advirtió que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la electrificadora AIR-E S.A.S. E.S.P., razón por la que requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, explicar los avances operacionales y financieros alcanzados, así como sustentar las decisiones adoptadas durante este proceso.
Al ente de control le inquieta que, a la fecha, no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes.
Asimismo, preocupa el aumento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente. Sumado a esto, el Ministerio Público alerta que la constante rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.
Frente a la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir la hoja de ruta actualizada para AIR-E y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.
De igual manera, exigió a la empresa intervenida entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación precisa de los contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado.