La Procuraduría General de la Nación, a través de la Circular 013 de diciembre de 2025, expedida por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, en el marco de su función preventiva y de control sobre la actuación de autoridades públicas, hizo un llamado urgente a los ministerios, departamentos administrativos, entidades adscritas y vinculadas, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), gobernadores, alcaldes y coordinadores territoriales de gestión del riesgo, para acelerar y garantizar la correcta ejecución de los proyectos definidos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) 2015–2030, así como para avanzar en la implementación plena del Marco Estratégico para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (MEGIR).
La entidad indicó que el PNGRD — adoptado mediante el Decreto 308 de 2016 y actualizado por los Decretos 1478 de 2022 y 0978 de 2024 — constituye el eje rector para orientar la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres. En esa línea recordó que las autoridades deben contar con planes de emergencia y contingencia actualizados, conforme a lo ordenado por el Decreto 2157 de 2017, como requisito esencial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).
El Ministerio Público señaló que tras las mesas de trabajo realizadas entre octubre y noviembre de 2025 por la UNGRD con 25 sectores del orden nacional, persisten brechas en la ejecución, reporte y evaluación de los proyectos priorizados. Por ello, instó a las entidades a reforzar los mecanismos de articulación interna, garantizar recursos técnicos, financieros y humanos suficientes, y establecer metas claras e indicadores de impacto no limitados a actividades, que permitan medir avances reales frente a los riesgos que enfrentan las comunidades. Igualmente, reiteró la obligación de registrar avances, ejecución presupuestal, logros y resultados en el SIPNGRD antes del 31 de diciembre de cada vigencia, tanto en el nivel sectorial como territorial.
La Procuraduría también insistió en la responsabilidad de los sectores líderes para evaluar el cumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas (PGRDEPP) por parte de las entidades adscritas y vinculadas, conforme al artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. En paralelo, llamó a promover la participación de las comunidades en la identificación de riesgos, priorización de intervenciones y seguimiento de proyectos.
Respecto a la implementación del Marco Estratégico para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres MEGIR, la Procuraduría advirtió que el país debe fortalecer sus capacidades para planear, organizar, ejecutar y evaluar acciones de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Para ello, urgió a los sectores a expedir lineamientos, actualizar planes de continuidad, armonizar sus instrumentos con el PNGRD, el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y avanzar en protocolos de respuesta y mecanismos de seguimiento. En el ámbito territorial, reiteró la necesidad de actualizar los planes y estrategias de respuesta, incorporar la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, asegurar fuentes de financiación para los fondos de gestión del riesgo, y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los organismos de socorro.
Finalmente, la Procuraduría recordó que, de acuerdo con el Código General Disciplinario, constituye falta gravísima omitir, impedir o retardar injustificadamente actuaciones que permitan la gestión adecuada del riesgo, así como incumplir las funciones previstas por la Ley 1523 de 2012 y normas asociadas. La entidad subrayó que continuará ejerciendo vigilancia preventiva para asegurar que las autoridades cumplan con sus obligaciones y garanticen la protección efectiva de los derechos de las comunidades en materia de gestión del riesgo de desastres.