En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a cinco miembros del Ejército Nacional que participaron en la operación No. 26 Orión durante la cual murió un indígena en la vereda La Laguna del municipio de Corinto (Cauca).
Los sancionados son: el sargento segundo, Carlos Alberto Álvarez Rodríguez, y el cabo segundo, Andrés Mancipe Valderrama; así como los soldados profesionales: Jhojan Arley Velásquez González, Yeison Mahecha Buitrago y Gustavo Enrique Molina Muñoz, del Batallón de Alta Montaña No. 8.
La Entidad demostró que los militares investigados hicieron uso innecesario, desproporcionado e irracional de sus armas de dotación en contravía del deber de proteger al miembro de la comunidad indígena y, al mismo tiempo estableció que el arma con la que fue hallado el ciudadano atacado nunca fue accionada y estaba en perfectas condiciones.
A juicio del ente disciplinario, los militares desconocieron los principios de distinción y protección general e incumplieron el objetivo de la orden de operaciones incurriendo “en una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (…)”.
La Procuraduría calificó sus faltas como gravísimas a título de dolo y afirmó que los uniformados infringieron su deber de mantener las condiciones necesarias para que los habitantes del corregimiento Media Naranja ejercieran sus derechos y libertades, en este caso, la vida e integridad personal.
Esta decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.