Versiòn diario El Tiempo.
El sur de Bolívar fue el epicentro de un nuevo atentado terrorista en contra de las Fuerzas Militares. Tres soldados fueron asesinados con drones cargados con explosivos que fueron lanzados en horas de la tarde contra el cantón militar del Ejército en Santa Rosa, hecho que dejó otras 35 personas heridas.
«Dios», «otro (dron)», y «sálgase de ahí» fueron algunas de las reacciones de las personas afectadas, que corrieron a buscar refugio en medio de sirenas que sonaban en el lugar.
Las autoridades locales atendieron a las víctimas del ataque terrorista desplegando equipos e investigadores para esclarecer lo sucedido. Mientras que desde el Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella condenó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. “Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa”, escribió el primer mandatario en X.
Milton Olaya, el alcalde del municipio, también rechazó lo ocurrido y desde el hospital local indicó que se está investigando quiénes son los implicados. Además, solicitó al Gobierno Nacional refuerzos para la seguridad de la ciudadanía.
Fuentes oficiales le indicaron a EL TIEMPO que una de las hipótesis que se tiene es que el ataque sería una retaliación a la reciente captura de alias Carrito, cabecilla del ‘frente Resistencia Guamoco’ del Eln. El detenido sería el hombre de confianza de alias Casinga, otro de los comandantes regionales del grupo ilegal.
Horas antes al ataque, el Ejército resaltó que la caída de alias Carrito es un duro golpe para el Eln. «Esto frena los planes de expansión territorial y las actividades delictivas en el área de incidencia, a la vez que representa una afectación directa al subsistema económico del Eln al interrumpir el flujo financiero proveniente de la extracción ilícita de minerales especialmente oro en el sur de Bolívar, recursos con los que la organización financia sus actividades criminales y el tráfico de armas. También debilita las dinámicas de desplazamiento forzado y confinamiento a las que eran sometidas las comunidades rurales«, explicó la institución castrense.
Bolívar es uno de los departamentos más azotados por los drones cargados con explosivos. Según datos de la Policía, entre enero y octubre de este año se documentaron 10 atentados de es tipo con 35 víctimas directas, entre policías, militares y civiles.
Bolívar, entre los más golpeados por los ataques con drones
Según registros de la Policía conocidos por EL TIEMPO, entre enero y octubre de 2026 se documentaron 10 episodios en territorio bolivarense, que dejaron 35 personas heridas, entre ellas 16 militares, 11 policías y ocho civiles.
Los registros muestran que la situación se concentra principalmente en el sur del departamento, donde confluyen distintas organizaciones armadas ilegales. Norosí encabeza la lista de municipios afectados, con tres hechos, seguido de Arenal, con dos. También aparecen reportes en Montecristo, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití y Río Viejo. De los 10 episodios documentados, siete ocurrieron en zonas rurales y tres en áreas urbanas, lo que refleja que esta amenaza no se limita a los territorios apartados y también ha alcanzado las cabeceras municipales.
Uno de los ataques más graves ocurrió el 28 de febrero en zona rural de Montecristo, donde 10 militares resultaron heridos en una acción perpetrada con drones. Semanas después, el 21 de abril, otros seis uniformados del Ejército sufrieron lesiones durante un ataque registrado en la vereda Las Cabañas, en Santa Rosa del Sur. Estos dos episodios concentran la totalidad de los 16 militares heridos que aparecen en los registros del departamento.
La población civil tampoco ha escapado de esta modalidad de violencia. El 3 de mayo, cuatro personas resultaron heridas en la vereda Las Calungas, en San Pablo, tras la explosión de un artefacto transportado por un dron. Ese mismo día, en la vereda El Socorro, en Norosí, una mujer sufrió heridas mientras barría el patio de su vivienda. A estos casos se suma un episodio ocurrido el 14 de junio en Simití, donde una persona resultó lesionada por la detonación de un explosivo cuando aparentemente manipulaba un dron, hecho cuyas circunstancias quedaron bajo investigación.
Los ataques contra las estaciones de Policía también figuran entre los hechos más recurrentes.
El 29 de marzo, en Arenal, un artefacto lanzado desde un dron impactó las instalaciones policiales y ocasionó afectaciones en una vivienda cercana. El 10 de julio, en ese mismo municipio, una nueva ofensiva combinó el uso de drones con ráfagas de fusil y dejó cinco personas heridas, entre ellas tres policías y dos civiles.
La situación más crítica para la Policía se presentó el 19 de agosto en Norosí, cuando un ataque con explosivos lanzados desde drones, acompañado de disparos de fusil, dejó ocho uniformados heridos, dos de ellos de gravedad. En ese municipio también se reportó, el 8 de julio, el sobrevuelo de un dron cerca de la estación policial, que provocó la reacción armada de los agentes, aunque no hubo lesionados. Posteriormente, el 13 de septiembre, la estación de Policía de Río Viejo fue objeto de un hostigamiento con drones y ráfagas de fusil, sin que se reportaran víctimas.
En los territorios donde ocurrieron estos hechos, la base de datos identifica la presencia o injerencia de distintas organizaciones ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’. Entre las estructuras mencionadas aparecen el frente 37 de las disidencias, el frente Luis Solano Sepúlveda del Eln y la subestructura Edwin José Sierra Regino del ‘clan del Golfo’. Sin embargo, los registros no permiten establecer una responsabilidad directa de estas organizaciones en todos los episodios documentados.
Esto frena los planes de expansión territorial y las actividades delictivas en el área de incidencia, a la vez que representa una afectación directa al subsistema económico del ELN al interrumpir el flujo financiero proveniente de la extracción ilícita de minerales especialmente oro en el sur de Bolívar, recursos con los que la organización financia sus actividades criminales y el tráfico de armas. También debilita las dinámicas de desplazamiento forzado y confinamiento a las que eran sometidas las comunidades rurales.