Versiòn Infobae.
La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, instaló el viernes 17 de abril los Diálogos Constitucionales desde Barichara, Santander, con un llamado directo al Estado colombiano para emprender cambios estructurales frente a la crisis del acceso al agua potable en distintas regiones del país.
Un llamado frente a la crisis estructural
Durante su intervención, la presidenta de la Corte advirtió que la situación del agua en Colombia trasciende el debate académico y se configura como una problemática que afecta directamente la vida de millones de personas. En ese contexto, hizo referencia a la situación en La Guajira como uno de los casos más representativos.
Brecha entre decisiones judiciales y realidad territorial
Otro de los puntos centrales abordados por Meneses fue la distancia entre los avances jurídicos en materia de reconocimiento del derecho al agua y su materialización en los territorios. Recordó que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial que reconoce este derecho como fundamental, pero advirtió que su impacto sigue siendo limitado en la práctica.
En esa misma línea, señaló que el éxito de la justicia constitucional no debe medirse por la calidad de las sentencias, sino por su capacidad de transformar las condiciones de vida de la población.
La magistrada explicó que la falta de acceso al agua potable impacta de manera directa otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, y que su ausencia se ha convertido en uno de los indicadores más críticos de pobreza en el país.
En el cierre de su intervención, Meneses insistió en la necesidad de que el Estado adopte medidas estructurales que permitan garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua. Indicó que no son suficientes las soluciones temporales y que se requiere una transformación en la forma en que se planifica, se invierte y se ejecutan los recursos públicos.
“No más soluciones temporales. Necesitamos que el Estado entienda que el agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada”, sostuvo.
Finalmente, la presidenta de la Corte reiteró que el acceso al agua es un elemento central para la construcción de paz y justicia social en Colombia. “No habrá paz en los territorios mientras persista la sed. No habrá justicia social mientras el agua potable sea un lujo que solo algunos pueden costear”, concluyó.