Ante el elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en Patía y El Tambo, Cauca, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 008 de 2025.
Esta zona ha adquirido una alta relevancia estratégica, por su conexión con el Macizo Colombiano, el Cañón del Micay y corredores de movilidad hacia el Pacífico y Nariño, convirtiéndose en punto clave para el accionar de diversos grupos armados ilegales.
El aumento de acciones indiscriminadas, como amenazas contra la población civil, desplazamientos e instrumentalización de personas, además de otras ‘medidas’ de control territorial y social implementadas por el Frente Carlos Patiño, del Bloque Occidental Jacobo Arenas bajo el mando de ‘Iván Mordisco’; a lo que se suma el posible ingreso tanto de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano como de las células urbanas (llamadas milicias, conectadas a los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez Castaño) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), todo podría derivar en una confrontación armada que afectaría a la población civil.
Asimismo, hay bandas locales en El Bordo (cabecera municipal de Patía) que actúan como milicianas del Frente Carlos Patiño: participan en actividades logísticas, de vigilancia, y en instalación de explosivos. El riesgo inminente se constituye para 12 corregimientos de Patía (Brisas, El Placer,Sachamates, Quebrada Oscura, Don Alonso, La Fonda, Las Tallas, Santa Cruz, El Hoyo, La Mesa, Pan de Azúcar y Santa Rosa Baja) y cuatro consejos comunitarios (El Samán, Afro Brisas del río Patía, La Nueva Esperanza y El Pedrero).
Para el caso de El Tambo, los peligros son para el corregimiento El Cabuyal y sus ocho veredas (Cabuyal, Ciprés Pueblo Nuevo, El Hoyo, La Banda, La Pedregosa, La Senda Blanca, Limoncito Mirringa y Navarro).
Los principales grupos en riesgo incluyen firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Aldemar Galán’, liderazgos comunales y afrocolombianos, niñas, niños y adolescentes, mujeres, campesinas(os), ganaderos, comerciantes, docentes y transportadores.
A través de la ATI 008 de 2025, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones a la institucionalidad gubernamental, agrupadas en siete ejes estratégicos, con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad.
Los siete ejes estratégicos son coordinación de la respuesta rápida, disuasión de la amenaza bajo un contexto de seguridad humana y de protección a las comunidades, investigación y acceso a la justicia, medidas de prevención en protección y garantías de no repetición, atención humanitaria integral, fortalecimiento de capacidades sociales y acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público.
Es perentorio, por lo tanto, como llamado insistente de la Defensoría, que las autoridades competentes implementen acciones de disuasión, protección, justicia y atención humanitaria inmediata.