Versiòn La Silla Vacìa.
A finales de agosto, el presidente Petro reconoció al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) como la autoridad ambiental dentro de sus territorios. Pero al hacerlo, creó una nueva fractura en el movimiento social del Cauca que ha respaldado al gobierno en las calles y en las urnas.
A pesar de que el decreto Atea solo incluye a territorios que hacen parte del Cric, otras comunidades del departamento, como las campesinas, temen perder acceso a recursos naturales y exigen al gobierno un tratamiento similar.
Una lucha histórica del Cric y las comunidades indígenas
Aunque haya sorprendido a muchos, el decreto que le da piso al mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (Atea) es una lucha histórica de los pueblos indígenas. Comenzó a discutirse en el 2005, según Jaime Juspain, consejero mayor del Cric. En 2017, el gobierno Santos estuvo a punto de firmar un decreto similar de alcance nacional, pero tras la oposición de sectores empresariales quedó engavetado. La discusión se suspendió en el gobierno Duque y se retomó con la llegada de Petro.
Como no lograron ponerse de acuerdo con el contenido del decreto proyectado a nivel nacional, el Cric construyó un mandato específico para el Cauca. Este año, conformaron un equipo jurídico con delegados del gobierno para definir los términos del documento, pero el diálogo se dilató hasta que las autoridades indígenas decidieron ir a movilizarse en Bogotá el 20 de agosto. Instalaron un campamento en el Parque del Renacimiento que se mantuvo durante 10 días.
Al mismo tiempo, las Autoridades Indígenas del Suroccidente, otra organización que busca reconocimiento como autoridad indígena en el Cauca, bloqueó la vía Panamericana para presionar su reconocimiento como autoridad tradicional indígena. Además, se percibía en el aire un olor a gasolina, por cuenta del anuncio de paro camionero.
En ese contexto agitado, el gobierno firmó el decreto Atea el 28 de agosto, con la firma de seis ministerios y el Departamento de Planeación.
“El texto llevaba 10 años de conversación y se logró concertar gracias a la fuerza del pueblo. Sin esa fuerza no se habría logrado, aunque tengamos gobierno amigo”, dijo Ermes Pete, líder del Cric y representante a la Cámara por el Cauca. “Las comunidades se estaban poniendo muy tensas, pero se logró un triunfo para el movimiento indígena”, agrega.
Las nuevas facultades del Cric
El decreto desarrolla el artículo 330 de la Constitución, que establece que la explotación de recursos naturales se hará sin perjuicio de la integridad de las comunidades indígenas. También cita los artículos 286 y 246, sobre su autonomía territorial y jurisdiccional en sus territorios y otros acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica y el acuerdo de Escazú.
Le permitirá a las autoridades indígenas del Cric ser la autoridad ambiental dentro de los resguardos y territorios que han ocupado ancestralmente en el Cauca. Esto incluye la gestión y protección del medioambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, podrán tomar decisiones sobre el uso que se le da a la tierra, al agua y a la biodiversidad en dichos lugares.
Cuáles específicamente no está claro en el decreto. Todo se definirá en los próximos ocho meses. Para eso, el Atea ordena coordinar a las autoridades indígenas y las entidades públicas y contempla la creación de un protocolo de diálogo intercultural.
También incluye un componente económico para adaptar la creación de empresas y las regulaciones del comercio a las visiones indígenas. Por ejemplo, facilitar las normas para crear empresas en zonas indígenas y crear instituciones para promover el desarrollo económico, como zonas aduaneras.
“La Constitución Política, a través del artículo 330, entregó rango superior a la identidad cultural, la autonomía, el territorio y el uso de los recursos naturales en los territorios indígenas”, dice Jorge Iván Hurtado, consultor en derecho ambiental. “Este decreto desarrolla en la práctica este reconocimiento”.
Para Juana Hofman, abogada ambientalista, magíster en Ordenamiento Territorial y doctora en Geografía, el Atea no desmonta las normas actuales ni las modifica y tampoco le traslada a los resguardos las funciones de las corporaciones ambientales.
Lo que hace, según ella, es crear espacios de coordinación para tomar las decisiones que impactan los territorios indígenas. Además, les entrega a las autoridades indígenas facultades para que puedan gestionar los recursos naturales, siempre y cuando los usos no vayan en contra de la protección ambiental.
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La variada oposición al decreto Atea
A pesar del fundamento jurídico e histórico, el Atea tiene varios detractores. Algunos de ellos son reconocidos opositores del gobierno, pero otros pertenecen a las bases más fieles del petrismo.
Organizaciones como la Agenda Nacional Campesina (ANC), que agremia a las principales organizaciones campesinas del país, pidieron revisar el decreto. La Anuc, la Asociación de Usuarios Campesinos, y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) también rechazaron el decreto vía comunicados.
Una de las principales preocupaciones del sector campesino es por los límites en los que se ejecutará el Atea. Según el documento, regirá “en territorios originarios y en resguardos, reservas indígenas, tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente por las comunidades indígenas que conforman el Cric”. Sin embargo, no hay claridad respecto a los márgenes de dichos territorios.
“Este decreto sólo debería aplicarse en resguardos reconocidos por el Estado”, dice el comunicado de la ANC. “En territorios en disputa sobre la vigencia de títulos o con presencia campesina o afrodescendiente no debería aplicarse”.
“En el Cauca todavía hay mucha discusión al hablar de territorialidades indígenas”, dice Carlos Duarte, profesor del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali.
Explica que en las casi 250 mil hectáreas de los resguardos constituidos no hay inconveniente. Pero hay otros territorios, más o menos otras 200 mil hectáreas, “que no han surtido procesos como la clarificación de los resguardos coloniales, que aún no están delimitadas”.
Otra de las preocupaciones es el agua. Tanto los campesinos como otros sectores temen que los resguardos les pongan trabas a sus tuberías. “Si ya tenemos conflictos y no hay entendimiento entre comunidades, este decreto los incita más”, dice Marco Tulio Martínez, líder de la Anuc en el Cauca.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca no se ha pronunciado al respecto. Su director, Amarildo Correa, le dijo a La Silla que aún no hay claridades y que está pendiente una reunión con el gobierno.
Pero Marco Antonio Suárez, su homólogo en la Corporación Autónoma del Valle, dice que el decreto es un error: “Ellos no tienen el conocimiento técnico y la experticia. La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales demandará el decreto”.
“Al político tradicional le duele que la CRC pierda competencia porque es un fortín político, que ahora lo pierden en los territorios indígenas”, respondió el representante Pete. “El agua no se le puede negar a nadie, por eso hemos tratado de avanzar e invitado al diálogo interétnico y con los gremios”.
Atea divide al movimiento social y puede aumentar conflictos
Tanto el Cric como las organizaciones campesinas fueron determinantes para el triunfo de Petro en el Cauca, que arrasó con el 79 por ciento de los votos en la segunda vuelta de 2022. Sin embargo, sus recientes coincidencias políticas no borran sus diferencias históricas.
Comunidades negras, campesinas e indígenas confluyen en el mismo territorio. También viven en el Cauca miles de personas que no tienen un vínculo étnico o identitario, además de un sector agroindustrial poderoso. Las diferencias se han manifestado en múltiples conflictos territoriales que siguen vigentes.
Para Carlos Duarte, son tres los factores que explican dichos conflictos. Por un lado, el alto nivel organizativo de las comunidades afro, indígenas y campesinas. En segundo lugar, la alta concentración de la tierra, que llega al 0,89 en el coeficiente Gini —siendo 1 el punto máximo de desigualdad—. Y por último, diferentes tipos de gobernanza que se cruzan en los mismos territorios.
Actualmente, en el Cauca hay 20 conflictos territoriales, según la Defensoría del Pueblo. La consecuencia más peligrosa del Atea sería que exacerbara dicha conflictividad social, que se suma al conflicto armado que se ha recrudecido en los últimos años.
“Puede ser un caldo de cultivo para conflictos interétnicos. La experiencia nos ha dicho que los conflictos territoriales tienden a aumentar y de parte del gobierno no hay un diálogo colectivo que les haga frente”, opina Jose Ramiro Sandoval, líder social en Caldono y abogado experto en desarrollo sostenible.
Paradójicamente, el sector más inconforme es el campesino, uno de los que busca priorizar el presidente Petro.
La reforma agraria es uno de los ejes de su mandato y con su impulso, se reformó la Constitución para reconocerlos como sujetos de derechos y de especial protección, tal como a los pueblos afro e indígenas. Pero en el Cauca, sienten que no tienen la misma atención que recibe el Cric.
“El gobierno debe ser justo. Si firma un decreto para los indígenas, a nosotros debería firmarnos un decreto similar”, dice Martínez, de la Anuc.
“El Cric es el socio natural del gobierno en el Cauca, pero no hay simetría ni ecuanimidad en la atención del resto de comunidades”, opina el representante de Cambio Radical, Oscar Campo, exgobernador del Cauca. “No hubo discusión con el resto de las comunidades y por eso el decreto tiene visos de ilegalidad”.
Según los líderes indígenas, el problema no es de convivencia, sino de desinformación. Por ejemplo, Colombiacheck desmintió trinos en redes sociales que señalan al decreto de darles un poder ilimitado a los indígenas. Esperan que las diferencias se diriman en los próximos meses en espacios de diálogo.
“Hay desconocimiento sobre el decreto, pero es claro que este solo opera donde hay un movimiento indígena como tal”, respondió Jaime Juspain, consejero Mayor del Cric. “No es que todo se vaya a prohibir, se trata de que haya coordinación”.
Si el gobierno no logra tramitar las diferencias que suscitó su decisión, es probable que el sector campesino tome distancia del gobierno en una región que es su bastión, justo en el momento en que el presidente clama por apoyo popular en medio de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por presuntas trampas cometidas por su campaña.
“No me atrevería a decir qué decisión podríamos tomar, pero el Pacto Histórico ya no va a tener el mismo apoyo en el Cauca”, dijo Martínez, de la Anuc.