Versiòn Infobae.
Con un extenso análisis en sus redes sociales, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que hace parte del partido Centro Democrático, cuestionó una vez más la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro: que sigue sin entregar un balance significativo en la reducción de hechos violentos durante 33 meses de mandato del político progresista y, según críticos, entre ellos la misma congresista, ha servido para fortalecer el accionar de estructuras armadas.
Lo anterior, en respuesta a las declaraciones recientes del jefe de Estado, en la más reciente alocución y Consejo de Ministros televisado, en las que aseguró que “Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia”; pero, en contraste, tuvo que resaltar que los índices de homicidios más bajos de los últimos 31 años se lograron durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, Valencia fue clara en decir que estrategias actuales no solo han fracasado, sino que han perpetuado la violencia en la sociedad, con nuevos nombres y rostros.
En su pronunciamiento, que generó diversas reacciones, la senadora precisó que la violencia se ha extendido por 809 municipios, lo que equivale al 74% del territorio nacional, según un informe de la Defensoría del Pueblo que utilizó para soportar sus señalamientos. Estas áreas abarcan regiones como Nariño, Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena Medio, entre otras; y remarcó que bajo el mandato de Petro los hombres en armas pertenecientes a grupos armados ilegales han aumentado en 3.587 integrantes, con lo que han llegado a los 17.000 combatientes. Así pues, “superan incluso a las registradas durante todo el gobierno Duque, al que Petro criticaba con dureza.”
En su escrito, la congresista también puso de manifiesto la precaria situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas, al advertir que un informe del Ministerio de Defensa reveló que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) podría quedarse sin recursos para operar más allá de junio de 2025. A su vez, mencionó que el 59% de las aeronaves de la Policía y parte significativa del equipo de las demás ramas militares permanecen sin operar debido a falta de mantenimiento, municiones vencidas y combustible; lo que ha generado, incluso, que algunos batallones enfrenten “problemas para pagar servicios públicos”.
En ese orden de ideas, el manejo de los territorios controlados por actores armados también fue motivo de críticas por parte de la senadora, que hizo énfasis en las situaciones que se han registrado en poblaciones como Tibú (Norte de Santander), diseñadas a su parecer para “favorecer” a los grupos insurgentes; en específico al ELN. Esta es una clara mención a lo que acontece en el Catatumbo, en donde las operaciones dirigidas por el Gobierno Petro solo han registrado un resultado fallido en su propósito.
Por último, la senadora dedicó parte de su mensaje a analizar el impacto de las políticas antidrogas implementadas por el Gobierno actual. Y aseguró que los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico se han reducido de forma drástica, lo que atribuyó a una “renuncia por parte del presidente a hacer política antidrogas”. Y como evidencia, citó que la incautación de cocaína actualmente representa apenas el 28% de la producción total, un descenso en comparación con el 48% durante el gobierno de Duque; al punto que mencionó que la producción de cocaína ha escalado a niveles históricos, al alcanzar las 2.600 toneladas métricas anuales, mientras que la erradicación manual de cultivos ilícitos se detuvo y se restringieron los esfuerzos de entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).