Por Miguel Eduardo Muñoz Guevara
En el marco de las medidas adoptadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, particularmente a través de la Resolución 2057 de 2025, la semana anterior se realizó un paro nacional en diferentes regiones del país. Dicha resolución contempla la actualización de avalúos catastrales en más de 500 municipios, lo que ha derivado en incrementos significativos en el valor de los predios y, consecuentemente, en la carga tributaria asociada al impuesto predial e impuesto al patrimonio.
La jornada de protesta tuvo como causa la inconformidad generalizada frente al aumento de los avalúos catastrales, que es desproporcionado y desarticulado con referencia a la realidad económica que vive el país. Esta situación se advirtió desde hace cuatro años en Popayán por la veeduría constituida para tal fin, integrada por líderes comunitarios, organizaciones sociales y ciudadanos directamente afectados, quienes desde esa fecha han venido adelantando de manera constante acciones de seguimiento, control social y protesta pacífica frente al incremento desmedido de los avalúos.
Estas actuaciones han incluido la radicación de solicitudes formales, derechos de petición, mesas de trabajo, plantones y jornadas de movilización, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta de fondo, oportuna y satisfactoria por parte del IGAC y la Alcaldía de Popayán, lo que se evidencia es una preocupante falta de atención institucional frente a las legítimas demandas de la ciudadanía. El incremento del impuesto predial en Popayán y municipios del Cauca está causando un impacto económico directo sobre pequeños y medianos propietarios.
El mal llamado catastro multipropósito, ha derivado en incrementos excesivos, generando aumentos del impuesto predial que, en algunos casos, alcanzan cifras del 1000% y 2000%, fenómeno que ha impactado gravemente a los propietarios, especialmente a aquellos con menores ingresos, quienes ven amenazada su permanencia en sus viviendas o tierras productivas. La advertencia ha sido recurrente que en pocos años podrán “quedar en la calle”, cuando se inicien los cobros coactivos por parte del municipio y no se cumplan los pagos de créditos adquiridos año tras año con los bancos (procesos ejecutivos), lo que convierte este impuesto en una bola de nieve impagable y prácticamente de expropiación, reflejando una grave crisis social en la ciudad y el departamento.
Esta controversia ha puesto en evidencia un problema institucional: la falta de coordinación entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la administración municipal. El IGAC es responsable de los avalúos y las alcaldías determinan las tarifas y alivios tributarios. Esta división de responsabilidades ha derivado en un “juego de culpas” del IGAC al municipio y viceversa, dejando a los contribuyentes en un sándwich sin respuestas y soluciones eficaces agravando el conflicto social que está estalló ante la indolencia y los oídos sordos de las entidades oficiales.
En el próximo articulo analizaremos el cumplimiento o no del IGAC al contrato interadministrativo suscrito con el municipio de Popayán para la actualización catastral.