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El presidente Abelardo De La Espriella rechazó la carta enviada el pasado 18 de septiembre por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Penal Internacional (CPI). En el documento, el magistrado denunció una supuesta “asfixia presupuestal” por parte del Gobierno. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”.
El presidente afirmó que fijar una posición del Gobierno y debatir el presupuesto general de la Nación en el Congreso no constituye una amenaza contra ningún juez, sino que es “la Constitución funcionando”. De La Espriella recordó que, desde 2018, la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos del erario. Según explicó, en 2025 se le asignaron 777.069 millones y en 2026 opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027, la jurisdicción habría solicitado 947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó De La Espriella.
La carta, identificada con el número PRS-239-2026, fue enviada por el magistrado Ramelli a la ciudadanía y a la Fiscalía de la CPI. En ella, advirtió sobre una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP, que atribuyó a iniciativas legislativas y presupuestales que se tramitan en el Congreso. “Ello tendría consecuencias directas sobre las condiciones de seguridad de miles de personas vinculadas a los procesos que adelanta la JEP”, afirmó en la carta.
El presidente sostuvo que su deber es preguntar qué se ha hecho con los recursos ya recibidos. Señaló que durante años se cuestionó a la JEP por la falta de sentencias y que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025. A su juicio, los resultados judiciales no corresponden con el tamaño de la estructura burocrática. Añadió que, solo en 2026, el costo estimado de la nómina fue de 404.477 millones de pesos.
De La Espriella exigió a la JEP explicar cómo planea y ejecuta sus recursos, cuáles son sus prioridades y por qué necesita más dinero en medio de las restricciones fiscales. Afirmó que cumplir el acuerdo de paz implica honrar a las víctimas, pero no aprobar automáticamente cualquier solicitud presupuestal ni financiar sin límites una estructura especial, en detrimento de la Rama Judicial ordinaria.
Finalmente, el presidente De La Espriella negó que exista una política de venganza contra la JEP y reiteró que su deber es ordenar el gasto público y exigir resultados. “No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas”, concluyó.