Colombia enfrenta un escenario de seguridad más complejo, fragmentado y desafiante que hace cuatro años. La recomposición de los grupos armados, la expansión de economías ilegales, el deterioro humanitario, el uso creciente de tecnologías por parte de organizaciones criminales y la pérdida de capacidades estatales han transformado las dinámicas de violencia y control territorial en el país.
En este contexto, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Colombia, presenta el informe Violencia fragmentada: seis desafíos en seguridad que enfrentará el próximo Gobierno, un diagnóstico construido a partir del monitoreo de dinámicas armadas, trabajo de campo y análisis territorial en distintas regiones del país.
El informe identifica los retos prioritarios que deberá enfrentar la próxima administración nacional y propone una hoja de ruta orientada a proteger a la población civil, contener el fortalecimiento de los grupos armados, recuperar el control territorial y fortalecer las capacidades del Estado.
1. El incremento de las zonas de disputa y el impacto humanitario
La FIP advierte que Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia humanitaria desde la firma del Acuerdo de Paz. En 2025, las cifras de desplazamiento y confinamiento alcanzaron niveles históricos: más de 96.000 personas fueron víctimas de desplazamiento masivo y cerca de 155.000 sufrieron confinamientos por acciones de grupos armados.
Actualmente, el país registra 14 zonas de disputa entre actores armados ilegales, el doble de las identificadas en 2022. Estas regiones concentran cerca del 80 % de las afectaciones humanitarias del país.
Las confrontaciones entre grupos armados se intensificaron en territorios como Catatumbo, Cauca, Chocó, Antioquia, Nariño y el sur de Bolívar. Solo en Catatumbo, la disputa entre el ELN y el Frente 33 dejó alrededor de 63.000 personas desplazadas durante 2025.
El informe señala que los grupos armados combinan enfrentamientos directos con amenazas, confinamientos, control social, uso de minas antipersonal y presión sobre liderazgos comunitarios. Además, las restricciones a la labor humanitaria se duplicaron en el último año.
2. La consolidación del control territorial y la gobernanza criminal
El documento destaca que muchos grupos armados ya no buscan únicamente controlar corredores estratégicos o economías ilícitas, sino consolidar formas de gobernanza criminal en los territorios.
En distintas regiones del país, estructuras ilegales regulan la movilidad, imponen normas de comportamiento, median conflictos comunitarios, ejercen control sobre organizaciones sociales e influyen en dinámicas políticas y administrativas locales.
La FIP identifica zonas de hegemonía armada en regiones como el Pacífico nariñense, Putumayo, Arauca, el norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Estos grupos combinan coerción, control social y provisión selectiva de bienes o servicios para fortalecer su legitimidad y reducir los costos de la violencia abierta. Por eso, en muchos territorios la violencia adopta formas menos visibles, como amenazas, extorsiones o desplazamientos individuales.
El informe también alerta sobre la creciente captura de instituciones locales y los vínculos entre actores armados, corrupción y economías legales.
3. Organizaciones criminales que crecen en influencia y capacidades
Los grupos armados organizados superan actualmente los 27.000 integrantes entre personas en armas y redes de apoyo, más del doble de los registrados en 2018.
El Clan del Golfo continúa siendo la estructura con mayor cobertura territorial, mientras el ELN mantiene fuerte presencia en corredores fronterizos. A su vez, las distintas facciones de las disidencias de las FARC ampliaron su influencia en regiones del suroccidente y suroriente del país.
La FIP advierte que estas organizaciones han desarrollado estructuras más flexibles y resilientes. Operan mediante redes descentralizadas, alianzas criminales y sistemas de subcontratación que dificultan su desmantelamiento.
Además, fortalecieron sus mecanismos de vigilancia territorial mediante redes de informantes, sistemas de comunicación y control comunitario.
El informe también destaca el aumento del reclutamiento de menores, impulsado por incentivos económicos, presión social y estrategias de captación cada vez más sofisticadas.
El desafío para el nuevo gobierno no es solo definir qué hacer, sino decidir por dónde empezar, con qué instrumentos y bajo qué criterios de coordinación, para traducir su estrategia en resultados concretos y sostenibles en materia de seguridad.
4. El desarrollo de economías criminales más complejas
La investigación concluye que las organizaciones armadas evolucionaron hacia modelos económicos diversificados y altamente sofisticados.
Aunque el narcotráfico sigue siendo una fuente clave de financiación, los grupos armados también obtienen recursos de la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes, la apropiación de tierras, la explotación ambiental y la captura de recursos públicos.
Según cifras citadas en el informe, las economías ilícitas generan ingresos cercanos a los 149 billones de pesos anuales, una cifra equivalente a casi el doble del presupuesto del sector Defensa para 2026.
La FIP advierte que estas economías funcionan como ecosistemas criminales convergentes, donde se mezclan actividades legales e ilegales y participan múltiples actores económicos y políticos.
El documento señala que las estrategias tradicionales de persecución criminal tienen impactos limitados frente a estructuras cada vez más adaptativas y conectadas.
5. La ventaja tecnológica de los grupos armados
Uno de los cambios más relevantes identificados por la FIP es el uso creciente de tecnologías por parte de organizaciones armadas y redes criminales.
El informe documenta un aumento significativo de ataques con drones explosivos: entre 2023 y abril de 2026 se registraron cerca de 500 eventos de este tipo.
Además, los grupos armados utilizan sistemas de mensajería encriptada, conectividad satelital, redes sociales y plataformas digitales para mejorar capacidades de vigilancia, coordinación, propaganda, reclutamiento y control territorial.
La tecnología también fortaleció sus mecanismos financieros mediante el uso de plataformas virtuales, billeteras digitales y esquemas más sofisticados para mover y ocultar recursos.
Según la FIP, esta transformación ha ampliado la brecha entre las capacidades de adaptación de las organizaciones criminales y la respuesta del Estado.
6. La reducción de la capacidad operativa del Estado
Para la FIP, la evidencia disponible muestra que el Estado enfrenta un deterioro progresivo de sus capacidades operativas, estratégicas y de inteligencia.
La Fuerza Pública pasó de cerca de 460.000 integrantes en 2021 a poco más de 400.000 en 2025. Además, el país tendría actualmente apenas el 46 % de su capacidad operativa disponible debido a problemas de mantenimiento, sostenibilidad y financiamiento.
El documento también advierte sobre debilidades en inteligencia, dificultades de coordinación institucional y ausencia de una estrategia clara que articule seguridad, paz y política criminal.
Aunque las operaciones militares aumentaron en los últimos años, esto no se tradujo en una reducción sostenida de la violencia ni en una disminución estructural de las capacidades de los grupos armados.
Recomendaciones para el próximo gobierno
Frente a este panorama, la FIP propone una hoja de ruta basada en cuatro prioridades estratégicas:
1. Proteger a la población civil: Priorizar la reducción del impacto humanitario mediante acciones de prevención, protección y respuesta rápida en territorios críticos.
2. Contener la expansión de los grupos armados: Fortalecer las capacidades de contención, judicialización e inteligencia para limitar el crecimiento territorial y financiero de las organizaciones criminales.
3. Recuperar el control territorial: Impulsar intervenciones integrales del Estado orientadas a reconstruir legitimidad institucional, fortalecer economías legales y recuperar gobernabilidad local.
4. Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia: Modernizar capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia; mejorar la coordinación interinstitucional y ajustar la política criminal a las nuevas dinámicas de violencia organizada.
La Fundación Ideas para la Paz concluye que el desafío del próximo gobierno no es únicamente aumentar la intensidad de las operaciones, sino construir una estrategia de seguridad coherente, territorializada y sostenible, capaz de responder a fenómenos criminales cada vez más complejos y adaptativos.