Asunción (EFE).- Gremios expresaron su preocupación ante las denuncias sobre una presunta trama de corrupción en el sistema de Justicia de Paraguay, que involucraría a legisladores, fiscales y jueces en «favores» y «ofrecimientos de dinero», y advirtieron sobre su impacto en la confianza hacia el país y en la inversión extranjera.
«En el buen funcionamiento de las instituciones está la diferencia que separa la tribu, donde rige la ley de la selva, de una sociedad que, en el marco de la Ley, sostenida en principios y valores, crea las condiciones para que sus integrantes desarrollen sus proyectos de vida con libertad y amparados por la Justicia», señaló la Unión de Gremios de la Producción (UGP) en un comunicado.
En el documento, que titularon «El Paraguay que defenderemos», aluden a «dos países muy diferentes que conviven día a día».
«Hay un Paraguay que se esfuerza para superar los problemas y salir adelante trabajando, produciendo, transformando y creando valor. Hay otro Paraguay que aprovecha descaradamente el fruto de esos esfuerzos, lo ostenta y se regodea en una impunidad que deteriora las instituciones que rigen la convivencia ciudadana», agregó la UGP, que exhortó a defender ese país «que respeta las leyes».
El escándalo de corrupción en Paraguay
La polémica que rodea a la Justicia se desató el lunes después de que el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal remitiera una comunicación al Ministerio Público sobre supuestos indicios de «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» en unos presuntos chat extraídos de un celular del fallecido diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes.
‘Lalo’ perdió la vida en agosto pasado en un presunto choque con las autoridades durante un allanamiento a su vivienda.
Se trata de mensajes vía WhatsApp, según Legal, entre Gomes, su correligionario Orlando Arévalo -quien renunció el sábado a su curul de diputado y previamente a un órgano de control judicial que integraba-, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López, que también dimitió.
Dos juezas más están bajo «sumario administrativo», por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El efecto sobre la economía y la inversión
También este sábado se manifestó la Unión Industrial Paraguaya (UIP), e indicó en un comunicado que las «recientes revelaciones de conversaciones» han «dejado en evidencia una trama de manipulación y tráfico de influencias que traiciona los principios fundamentales del Estado de derecho».
«Estas prácticas nos remontan a épocas en las que el poder se ejercía sin control ni transparencia, como en las autocracias medievales», opinó la agremiación.
En ese sentido, advirtió «con firmeza» que «sin instituciones sólidas y transparentes, no hay inversión, no hay empleo y no hay progreso» y sentenció que el país «necesita reglas claras, seguridad jurídica y un compromiso inquebrantable con la ética pública para seguir creciendo».
«No basta con indignarse; es imprescindible que la sociedad en su conjunto condene estas prácticas y exija instituciones transparentes, íntegras y comprometidas con el bienestar ciudadano», añadió.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil difundió el sábado en Instagram una declaración en la que manifiesta su «profunda preocupación» por «la divulgación de graves irregularidades en torno al poder Judicial».
«Es imperativo contar con un Poder Judicial independiente e imparcial, no hipotecado a los intereses políticos, para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley», señaló la Cámara, al considerar que se pone en riesgo a la macroeconomía, el grado de inversión, la imagen del país y se desalienta «potencialmente la inversión extranjera»
La Iglesia pide investigar corrupción en Paraguay
Por su parte, la Iglesia católica pidió este domingo una investigación «severa e imparcial» de las denuncias de presunta corrupción en la Justicia de Paraguay, al advertir que afectan «la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico» y otros delitos.
«Expresamos nuestra preocupación y repudio ante las recientes revelaciones que evidencian un grave manejo de la justicia en el país, que causan un tsunami social cuyo centro de perturbaciones, el epicentro del sismo, es en el ámbito político-judicial», señaló el cardenal y arzobispo de la capital paraguaya, Adalberto Martínez.
En su homilía de este domingo, el jerarca se refirió a los supuestos chats extraídos de un celular del fallecido diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes, que, según comunicó el lunes el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal al Ministerio Público, suponen presuntos indicios de «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero».
«Las conversaciones extraídas de dispositivos del peritaje judicial develan la corrupción en la que están involucrados algunos miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desnudando, transparentando una vez más, la falta de independencia en la administración de la justicia», sentenció Martínez.
En ese sentido, consideró que los chats «también revelan negociaciones ilegítimas que afectan la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de influencias y otros delitos que golpean a nuestra sociedad», y advirtió que hechos de este tipo «entorpecen y envilecen los esfuerzos, que sí existen, de sanear de corrupciones la administración pública por el bien del país».
Otras reacciones de la iglesia en Paraguay
«Exhortamos a una investigación severa e imparcial por parte del Ministerio Público sobre los hechos de corrupción denunciados, sancionando debidamente a los causantes o culpables», planteó el cardenal.
«No podemos permanecer callados e indiferentes ante el monstruo de la corrupción y de la impunidad que devora en vórtices inmorales, no sólo los recursos públicos necesarios para atender las necesidades básicas de la gente, sino que también está debilitando a niveles críticos las instituciones de la República, los Poderes del Estado y la vigencia de la Constitución y de las leyes», sentenció el prelado, que invitó a «dialogar y consensuar sobre los graves y urgentes temas nacionales» y reclamó como «urgente pasar a la acción».
También se pronunció Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, la ciudad donde se encuentra el templo en honor a la patronal del país, quien señaló en su homilía que la Justicia «es para combatir el crimen organizado y no para que los políticos la utilicen para protegerse».
«Ojalá que la Fiscalía actúe con firmeza y que a los jueces, como se suele decir, no les tiemblen las manos», afirmó Valenzuela, para quien «no es suficiente con la renuncia o el desafuero».