Versión diario El Tiempo:
El anuncio del presidente Gustavo Petro de la compra por parte del Gobierno Nacional de los cultivos de coca en El Plateado, Argelia, Cauca, desató toda una polémica porque, a juicio de la oposición, se está incentivando una economía ilícita. Además, según analistas se podría estar hablando de detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que no es claro qué podría hacer el Ejecutivo con toneladas de mata de coca.
La noticia la dio el jefe de Estado este viernes 18 de octubre, mismo día cuando Naciones Unidas anunció que los cultivos de matas de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023. Y la producción de cocaína pura pasó de 1.738 toneladas a 2.664
“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, dijo el presidente Petro durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá.
Esa medida se anunció siete días después de que el Ejército ingresó al corregimiento de El Plateado, dominado durante los últimos años por las disidencias de las Farc y un corredor estratégico para el negocio del narcotráfico. Algunos señalan incluso que esa localidad de menos de 10.000 habitantes se había convertido, ante la ausencia del Estado, en una especie de ‘Wall Street’ de la cocaína en Colombia. Allí acudían capos de todo el mundo, principalmente mexicanos.
El jefe de Estado aseveró que será una medida para esta y otras regiones cuya economía depende principalmente de la producción de la coca, pues, agregó, «En esas zonas no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito». Sin embargo, el mandatario no dio mayores detalles de cómo se hará este proceso.
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar y ven el anuncio como contradictorio, pues mientras se está buscando el tránsito a las economías lícitas, se está promoviendo la producción de las economías ilícitas, según algunos parlamentarios.
«Esto es sencillamente absurdo. Pretenden “acabar” con la coca estimulando su siembra con el anunció de que Petro la comprará», opinó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.
En la misma línea se pronunció el representante Andrés Forero, también del uribismo: «A Gustavo Petro no le bastó con permitir que creciera el cultivo de coca y la producción de cocaína. Ahora, sin tener estudios que acrediten el éxito de esa política, quiere que el Gobierno compre cosechas de coca. ¿Para eso es la tributaria?».
Dudas sobre la viabilidad jurídica
Los expertos tienen serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta del jefe de Estado y más por las consecuencias negativas que podría traer no solo para el Gobierno, sino que podría ser un inventivo para continuar con la producción.
«No veo el marco legal para hacer eso. Eso puede terminar en una investigación de Contraloría», expuso Daniel Mejía, profesor de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes y experto en temas de seguridad.
Por ejemplo, se preguntó qué hará el Gobierno con toneladas de hoja de coca, a qué precio se la van a comprar a los cultivadores y si ahora se entra a competir con los narcos.
«Tanto en el marco jurídico, que no lo veo cuál es, me preocupa el tema de los incentivos. El mismo día que se anuncia el aumento de la producción, cultivos y productividad, sale el Presidente a decir que la solución es comprarles la hoja. ¿Qué va a hacer con más de 30.000 hectáreas de hoja de coca», dijo el académico y advirtió que eso podría subir los precios.
Mientras que Emilio Archila, exconsejero de Reconciliación del gobierno de Iván Duque, insistió en que esa figura no está prevista en el acuerdo de paz y puso en duda la legalidad de lo que busca el presidente Petro.
«Todo lo que se haga para apoyar a los pequeños cultivadores a salir de del infierno de la coca debe considerarse. Pero dentro de los ley y dentro de un plan a largo plazo. Yo no soy penalista, pero es claro que ese comercio es ilegal. Así que no se podrían destinar recursos públicos para eso. En el acuerdo de paz no se previó. Y no hay aún ley de pequeños cultivadores que lo contemple. Y más grave, se manda un mensaje muy contrario a los 400 mil colombianos que apoyamos para sustituir esa coca», aseveró Archila.