Versiòn diario El Tiempo.
El Senado y la Cámara aprobó este martes el proyecto de ley de sometimiento con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se entreguen a la justicia a cambio de beneficios penales bajo ciertas condiciones.
Ambas corporaciones garantizaron votar el mismo texto, por lo que se evitó una conciliación. Lo que significa que el proyecto quedará listo para pasar a sanción presidencial este miércoles. Fue un debate a contrarreloj, pues de no promulgarse antes de la medianoche del 4 de noviembre, pierde vigencia la ley de orden público, que es la base de esta norma y de otras que han aprobado las pasadas administraciones justo en lo primeros meses de su mandato.
En ese sentido, la ley de sometimiento actúa como el vehículo legislativo urgente para prorrogar la ley de orden público y al mismo modificar importantes herramientas estatales que garantizan el funcionamiento de, por ejemplo, el programa de protección de testigos de la Fiscalía y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) del Ministerio del Interior.
Fue un debate con muchas dudas, pues el antecedente inmediato que pesa sobre el rol del Congreso es lo ocurrido con el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuando un error en el procedimiento terminó llevando al Ejecutivo a expedirlo por decreto. Por eso hubo mucho cuidado para garantizar de que ambos textos fueran iguales y así evitar un vicio que tumbara esta norma.
Ley de sometimiento: una jornada decisiva en el Congreso
La ley de sometimiento establece un nuevo marco jurídico para el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales. La propuesta busca que abandonen sus actividades delictivas y entreguen las armas, información sobre sus redes, bienes y economías ilegales, además de contribuir al esclarecimiento de delitos y a la reparación de las víctimas.
El proyecto fue presentado con mensaje de urgencia, superó un primer debate en las Comisiones Primeras Conjuntas; sin embargo, el tiempo comenzó a apremiar en las plenarias. La discusión arrancó el viernes 30 de octubre en el Senado, donde se negó la ponencia de archivo presentada por el Pacto Histórico y se aprobó la ponencia positiva. La sesión permitió avanzar en cuatro artículos, pero dejó pendiente la votación del resto del articulado.
En la Cámara, el debate comenzó el lunes 2 de noviembre y estuvo marcado por una controversia sobre el procedimiento. La plenaria negó la ponencia que buscaba archivar el proyecto y aprobó inicialmente el informe positivo con 90 votos a favor y 44 en contra. Sin embargo, varios representantes cuestionaron que el ponente Daniel Briceño, del Centro Democrático, no hubiera sustentado la ponencia ni se hubiera permitido la deliberación antes de votar.
Ante los señalamientos de un posible vicio de trámite, la representante Catherine Juvinao pidió reabrir la votación. La Mesa Directiva aceptó la solicitud y, después de la sustentación y las intervenciones de los congresistas, la ponencia positiva fue aprobada nuevamente, esta vez con 99 votos a favor y 39 en contra.
La jornada terminó con la aprobación de los artículos 5 y 14, mientras quedaron pendientes los demás puntos de la iniciativa. La discusión se reanudó este martes, cuando ambas plenarias fueron convocadas para avanzar de manera simultánea en el articulado.
El Senado avanzó más rápido en la discusión y fue el que sirvió de modelo para lo que se aprobó en Cámara. Uno de los cambios clave fue la eliminación del artículo 25 relacionado con el uso de gastos reservados de Fonsecon. Como Senado tomó dicha decisión, Cámara incluso tuvo que reabrir una votación del lunes en la que se rechazó eliminar dicho punto. También se quedaron únicamente con los dos nuevos artículos aprobados en Senado. Esto último se hizo para garantizar que ambos textos fueran exactos hasta en las comas.
“Se aprobó un texto que es sólido y que se acomoda a la política criminal del presidente Abelardo De La Espriella”, dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, a la prensa tras la aprobación. Recalcó que el proyecto se construyó a través de las diferencias y el debate, y que la duración de ley será de cuatro años.
Un debate enredado
La demora en Cámara de Representantes se debió principalmente a las dilaciones lideradas por el Pacto Histórico con recusaciones presentadas contra congresistas de distintas bancadas, entre ellas el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal y el partido de ‘La U’. Las solicitudes fueron remitidas a la Comisión de Ética para su estudio, mientras la plenaria continuaba con la discusión.
La estrategia para empantanar el debate no funcionó, pues el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, fue claro en decir que la radicación de las recusaciones no llevaría a suspender la sesión. “Aquí la Mesa Directiva no va a caer en el jueguito de las recusaciones. La que llegue será enviada a la Comisión de Ética. No se va a suspender (la sesión)”, respondió a la representante María Fernanda Carrascal, hacia el mediodía.