Versiòn Unidad Investigativa del diario El Tiempo.
El pasado lunes, el otrora influyente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el exjefe de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, escucharon en silencio cómo la Fiscalía los acusó de liderar una asociación criminal para corromper a congresistas.
Durante cerca de 8 horas, la fiscal María Cristina Patiño descubrió evidencia que los convirtió en los dos nuevos imputados dentro del mayor escándalo de corrupción que hasta ahora ha estallado en el gobierno de Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Lo que ocurrió fue un pacto criminal cuidadosamente estructurado en el que altos funcionarios del Estado utilizaron la capacidad contractual del Gobierno, como instrumento de presión y de recompensa indebida con un único objetivo: torcer la función legislativa para obtener votos favorables a proyectos oficiales”, dijo Patiño. Y acompañó la imputación –por concierto para delinquir, cohecho y celebración indebida de contratos– con la solicitud de que fueran enviados a prisión domiciliaria mientras avanza el proceso.
‘El binomio Olmeyder’
Pero, el próximo 15 de diciembre, el turno será para los apoderados de Bonilla y de Velasco quienes accedieron a hablar con EL TIEMPO y destapar algunas de las cartas que se jugarán para desvirtuar los señalamientos y buscar que sus clientes se puedan defender en libertad.
Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, empezó por rechazar que el exministro, de 76 años, sea un peligro para la sociedad.
“Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”, señaló Pava.
Y agregó que la imputación, por lo que él llama una “mermelada criminal”, se construyó a partir de las declaraciones del “binomio Olmeyder’ (Olmedo López y Sneyder Pinilla, excabeza de la UNGRD) que solo buscan beneficios judiciales.
“Dichas declaraciones han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla”, dijo el penalista. Y también se refirió a la llamada testigo estrella, María Alejandra Benavides (asesora de Bonilla) quien en su criterio ha dicho cosas que respaldan la tesis de la defensa.
“El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos. Cuando se pasa del bien común al interés particular puede haber ilegalidad en la conducta. Fue el binomio de Olmeyder el que actuó por interés propio”, dijo Pava.
Por eso, de entrada, descartó cualquier preacuerdo futuro con la Fiscalía: “Los abogados somos oídos, ojos y boca de nuestros clientes. El profesor Bonilla se defenderá con verdad, ha expresado su inocencia y esta presunción la defenderemos con toda la fuerza en las instancias que vienen”.
Y descartó que Bonilla estuviera obedeciendo lineamientos de alguien dentro del Gobierno: “El manual de funciones le dice a un ministro qué debe hacer, el profesor Bonilla cumplió su obligación funcional”.
‘Acomodan las versiones’
La penalista Elena Suárez, apoderada de Luis Fernando Velasco, también accedió a hablar sobre su defensa, a pesar de que, de entrada, hizo una advertencia:“La defensa se abstiene de dar declaraciones, y así se lo ha instruido al doctor Velasco, pues lamentablemente en el pasado reciente algunas afirmaciones públicas han sido utilizadas para que ciertos testigos modifiquen o acomoden su versión de los hechos”.
No obstante, fue enfática en que Velasco jamás participó en un concierto para delinquir ni dio instrucciones para direccionar proyectos o contratos a cambio de apoyos legislativos.
“No existe una sola prueba que muestre una orden, un acuerdo o una conducta suya con ese propósito. Por el contrario, todas las actuaciones que la Fiscalía presenta como sospechosas corresponden a funciones ordinarias del Ministro del Interior, cuya labor constitucional es coordinar la relación entre el Gobierno y el Congreso”, explicó la penalista.
En ese punto señaló que ejercer diálogo político, participar en debates legislativos y articular posiciones dentro del Congreso no es un delito: “Es parte del funcionamiento normal del Estado, no hubo de parte del exministro Velasco ofrecimientos indebidos”.
Los supuestos emisarios
De paso, señaló que, contrario a lo que algunos interpretaron, en la audiencia de imputación la Fiscalía no afirmó que la senadora Martha Peralta hubiera sido ‘emisaria’ de Velasco para llegar a acuerdos por debajo de la mesa.
“Lo único que existe es la afirmación de Olmedo López de que él lo instruyó para asistir a la Comisión Séptima, algo que ni siquiera constituye un ofrecimiento, una orden irregular o una instrucción relacionada con contratación. Además, es esencial reiterar que el doctor Velasco no tiene ninguna relación con los hechos investigados en la UNGRD en La Guajira. Esos eventos ocurrieron bajo la dirección exclusiva de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Es López quien debe responder por el manejo de los recursos, incluidos los escandalosos episodios revelados por la prensa”, dijo Suárez.
Al respecto, EL TIEMPO estableció que incluso Velasco se negó a nombrar subdirector de la UNGRD a López cuando le enviaron la hoja de vida desde la propia Casa de Nariño.
En cuanto al supuesto nexo entre Velasco y el senador Elías Chagüi, la penalista aclaró que lo que dijo la Fiscalía es que este el legislador actuaba como vocero de un grupo de senadores de la Comisión Primera: “El doctor Velasco nunca le ofreció nada al senador Chagüi, ni este hizo ninguna solicitud indebida. Durante la audiencia se insistió reiteradamente en que la Fiscalía precisara qué se habría ofrecido, cuándo, a quién y en qué condiciones. La Fiscalía no pudo responder porque ese hecho nunca ocurrió”.
Finalmente, aseguró que Velasco ha expresado su inocencia desde el primer momento: “Esa presunción será protegida y ejercida con plena firmeza. La propia Fiscalía reconoce que él nunca ha intentado sustraerse de la justicia. Siempre ha acudido a cada citación, ha estado disponible para todas las diligencias y mantiene un arraigo personal y familiar. No existe un solo episodio que sugiera riesgo de fuga, ni ha obstruido la administración de justicia”.
De hecho, la penalista recordó que hace 17 años, Velasco fue privado injustamente de su libertad y posteriormente absuelto, un antecedente que demuestra no solo su confianza profunda en la justicia, sino también su respeto absoluto por las instituciones.
La carta en contra es que ya hay dos fugitivos dentro de este caso: Carlos Ramón González y César Manrique, otroras escuderos del presidente Petro.
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