Versiòn Revista Semana.
SEMANA conoció en primicia la tutela radicada por el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, en la que reclama ante la Corte Suprema de Justicia una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa.
El caso ya se encuentra en conocimiento del magistrado Hugo Bernate, quien, a la fecha, ha recibido los conceptos emitidos tanto por la UNGRD como por el despacho tercero del Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Velasco se encuentra privado de su libertad desde el 18 de diciembre de 2025, después de que la magistrada Aura Alexandra Rosero considerara que por la gravedad de los cargos imputados el exministro representaba un peligro para la sociedad y podría afectar a la administración de justicia.
Los cargos contra Velasco
El exministro del Interior enfrenta actualmente un juicio en la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos); e interés indebido en la celebración de contratos.
En el escrito de acusación, presentado el pasado 30 de abril ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General sostuvo que los exministros Luis Fernando Velasco como Ricardo Bonilla hicieron parte de una “empresa criminal” que se dedicó a desviar contratos para obtener créditos políticos.
“Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, indicó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño González.
En la presentación del documento se resaltó que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los dos entonces ministros “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias” frente a proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía un interés prioritario.
Para la Fiscalía General, las cámaras de seguridad de la recepción del Ministerio registraron la llegada de varios congresistas —entre ellos Wadith Manzur y Karen Manrique— en fechas en las cuales estaban programadas sesiones trascendentales en la mencionada Comisión.
Los congresistas se dirigieron hasta el despacho del ministro Bonilla. Según reveló en exclusiva SEMANA, en estos encuentros, se hablaron de temas de los cupos indicativos y los contratos que estaban en poder de la UNGRD.