Versiòn tomada del diario El Tiempo.
El 28 de noviembre de 2023, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso tuvo la “sesión más eficiente del año”. Así la bautizó la Corte Suprema de Justicia en el llamado a juicio contra cinco congresistas y un excongresista integrantes de esta célula, señalados de vender su voto favorable a los empréstitos del Gobierno.
La repentina productividad de Wadith Manzur y Karen Manrique —hoy bajo medida de aseguramiento—, así como de Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz —hoy llamados a juicio—, se debe, según la Corte Suprema, a la “información satisfactoria recibida sobre el avance de las gestiones del enlace político”.
Un día antes, el 27 de noviembre, fue convocada una reunión en el Salón Obregón, en Casa de Nariño, a la que denominaron el cónclave. Asistieron el hoy prófugo exdirector del Dapre Carlos Ramón González; el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla —ambos presos por el escándalo de corrupción—; el confeso corrupto Olmedo López; la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros altos funcionarios. Los asesores Jaime Ramírez Cobo y Kevin Henao, del Dapre, acudieron a la reunión y se sentaron en la parte trasera del recinto.
Fueron citados por correo electrónico, cuyo asunto era “Emergencia política”. Antes de entrar les pidieron los celulares. En su testimonio, el exministro de las TIC Mauricio Lizcano señaló que le “pareció extraño que estuviera presente en la reunión Olmedo López”, y que lo recuerda tomando apuntes sin realizar intervención alguna. De hecho, en vez de abordar los temas que se tenía previsto debatir, entre estos los proyectos de mitigación del riesgo de desastres que lideraba la Unidad, se terminó poniendo sobre la mesa la preocupación del Gobierno por “las mayorías parlamentarias frente a las reformas de salud y laboral”.
En esa reunión se habría sembrado el plan criminal por el que hoy están presos los exministros Velasco y Bonilla, y en el que también sustentó la Fiscalía la acusación contra González Merchán.
Aunque al cónclave no asistió el presidente Gustavo Petro, según la acusación del alto tribunal en poder de este diario, desde el 23 de noviembre los ministros del Interior, Hacienda y Trabajo buscaban reunirse con urgencia con él para lograr “mover cosas”.
La Corte incluye un chat de la exasesora de Bonilla y testigo estrella del caso, María Alejandra Benavides, con el exasesor del Dapre Ramírez Cobo, en el que se coordina ese encuentro, que terminó siendo oficiado por Carlos Ramón.
“¿Cuándo pueden ir los 3 ministros a hablar con el Presidente? (…) Jaime, ¿qué hago con lo de la reunión de los 3 ministros con el Presidente? Sin eso sabes que no se pueden mover cosas”, le dijo Benavides.
Esta necesidad de la aprobación del Presidente para tramitar asuntos de sus carteras estuvo motivada, en parte, por la negociación criminal a la que habrían llegado con algunos congresistas de la Comisión de Crédito Público y otros de la Comisión Séptima como Martha Peralta (mencionada por la Fiscalía) para sacar los créditos e iniciativas de Gobierno.
De hecho, Olmedo López le contó a la Corte que en el cónclave Velasco manifestó que “un grupo de congresistas solicitaba una contratación por 80.000 millones de pesos, frente a lo cual aquel ofrecía 35.000, con la expectativa de cerrar la negociación en 70.000 millones”.
La “negociación criminal” venía cocinándose meses antes, cuando Manzur y un nuevo salpicado, el representante Jhon Fredy Núñez Ramos —sobre quien la Corte compulsó copias para que lo investiguen— empezaron a presionar a Benavides para que cediera en los proyectos que fueron acordados como “recompensa” por sus conceptos favorables. A esta transacción delictiva se sumaron después los demás congresistas.
“El miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático (…) Para que tú sepas qué esperar… Es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión”, le dijo Manzur a Benavides el 18 de octubre, en vísperas de que el Gobierno radicara el proyecto de presupuesto, condicionando su trámite a la adjudicación de los contratos acordados.
En total, se pactaron proyectos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar para obras de mitigación del riesgo de desastres, con plata de la UNGRD.
Manzur hacía parte del grupo de ‘los tigres’, integrado por la senadora Bitar y el representante Peinado. Estos congresistas eran más agresivos e insistentes, razón por la que eran atendidos directamente por el ministro Bonilla. Luego estaban “los de la paz”, en el que, internamente en Hacienda, incluyeron a Gallo, Manrique y al excongresista Muñoz.
De hecho, en una sesión del 31 de octubre, el entonces jefe de Crédito Público, José Roberto Acosta, sugirió que la presión de los congresistas era una actitud extorsiva, y tuvo un rifirrafe con Manzur por el que el ministro Bonilla, según el testimonio de Benavides, pidió apartarlo de la negociación. En su reemplazo llegó el entonces viceministro Diego Guevara, a quien la Corte señaló de ser el “canalizador” de las promesas remuneratorias ilegales.
El expediente documenta reuniones de Guevara en diciembre del 2023 en las que se habló, según los testimonios, de los contratos que pedían los parlamentarios a cambio del sí a los créditos externos.
La Corte recalcó dos características de este entramado, en el que, señala, “hubo una relación de mutuo beneficio entre algunos miembros del Legislativo y el Gobierno”. La primera, la forma opaca en la que se comunicaban los congresistas con los enlaces de los ministerios, pidiendo chatear por Signal, una aplicación irrastreable, y entregando las propuestas de los proyectos en sobres sellados. La segunda, la “amnesia” de los ministros del gobierno Petro, quienes, a la hora de ser llamados para dar su versión, no recordaron los hechos.
El decreto de prórroga
La almendra de la negociación fue el Decreto 1810 del 30 de octubre de 2023, mediante el cual el presidente Gustavo Petro prorrogó la situación de desastre de carácter nacional declarada en noviembre de 2022. En un chat de Benavides Soto con la reelegida representante de las curules de paz Karen Manrique, esta le envía el PDF del decreto para que “el proyecto de la UNGRD (en Saravena) se concretara antes de finalizar el año”.
Benavides lo interpretó como un mecanismo de presión para asegurar la adjudicación del contrato con los recursos que recibiría la Unidad de Gestión del Riesgo tras la prórroga de la emergencia. “Esa era la justificación de la representante para que su proyecto de Gestión del Riesgo saliera en 2023, antes de que finalizara 2023. Ella decía que la emergencia era bien conocida por todo el mundo, que por esto también había un decreto”, le dijo la testigo al alto tribul.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia