Versiòn del diario El Tiempo.
“Si bien la política de ‘paz total’ volvió a poner la salida negociada en el centro, no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad”. Esa es una de las conclusiones a las que llegaron un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos durante la investigación y el lanzamiento de los informes ‘Los alcances del cambio: brumas en el horizonte’ y ‘Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto. En líneas generales, la pesquisa establece que la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro fue ineficaz e, incluso, perjudicial para los territorios, pues todos los frentes de la violencia se incrementaron.
La investigación fue desarrollada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz, y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. Entre las conclusiones más potentes de la investigación está que, si bien la pobreza monetaria cayó al 28% y la extrema se redujo al 9,6%, los grupos armados ilegales registraron un crecimiento desbordado. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil establecen que, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, los integrantes de grupos criminales crecieron un 90%, pasando de 15.120 a 28.802 efectivos.
Grupos como el ‘clan del Golfo’, señalan las organizaciones, expandieron su presencia un 152%, alcanzando 429 municipios. Es decir, casi el 39% del país. Las disidencias, por su parte, crecieron un 109%, logrando presencia en 376 municipios; el Eln logró subir un 22% y los grupos vinculados a la Segunda Marquetalia un 108%. Todas estas agrupaciones criminales de alto perfil mantuvieron negociaciones, desarrolladas en distintas fases, con el gobierno de Gustavo Petro y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz saliente. Aunque la administración nacional pasada prometió una salida negociada al conflicto, lo cierto es que la evidencia demuestra que sus resultados fueron devastadores para la población.
Las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, argumentan que durante el periodo entre enero y agosto de 2025 los civiles afectados por artefactos explosivos aumentaron un 145%, con un total de 544 víctimas; asimismo, las víctimas de minas antipersonal crecieron un 23%. Sobre las personas defensoras de derechos humanos, aunque las agresiones totales cayeron un 12% frente al gobierno anterior de Iván Duque, los asesinatos de líderes y lideresas se mantuvieron en niveles preocupantes, pues alcanzaron 618 expedientes. Asimismo, los informes exponen que las desapariciones forzadas aumentaron en un 34%. Solo en 2025, de otro lado, Colombia registró una grave crisis humanitaria al permitir más de 120.000 desplazamientos forzados de sus pobladores.
“La expansión de los grupos armados disparó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, golpeando con mayor severidad a comunidades indígenas y afrodescendientes”, se lee en la investigación. Frente a esta serie de situaciones mapeadas, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil enfatizaron que de todas maneras el estancamiento de la ‘paz total’ no debe ser excusa para retornar a políticas de seguridad militaristas, sino, de otro lado, una exigencia para consolidar la transformación territorial y también el desmonte de las estructuras paramilitares.
Pese al balance crítico, el documento reconoce avances institucionales puntuales. Se instalaron Mesas Territoriales de Garantías en 29 departamentos y se adoptaron la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos, el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, y una política de desmonte de estructuras criminales. Para las organizaciones, a pesar de los rezagos evidenciados, la construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social y desmantelamiento del paramilitarismo.
Otros avances en perspectiva de derechos humanos
En materia de derechos sociales, el informe sí destaca el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, además del avance de las reformas pensional y laboral, orientadas a proteger a la vejez y a los trabajadores con mayores necesidades. En cuanto a las mujeres, se resalta el fortalecimiento del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras y la adopción del primer Plan de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Las organizaciones reconocieron que, con respecto a la población LGBTIQ+, se crearon nuevos instrumentos institucionales y hubo mayor presencia de sus derechos en la agenda pública. Otro cambio destacado, en el informe, fue la relación del Estado con la protesta social: las agresiones atribuidas a la Fuerza Pública disminuyeron de forma significativa durante la era Petro, ampliando las garantías para la movilización ciudadana. Sin embargo, advierten que ese avance no puede depender de la voluntad de una sola administración, sino que requiere reformas estructurales a la doctrina de seguridad del Estado.
El documento concluye con una alerta dirigida al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Las plataformas expresan preocupación por los anuncios de recortes al gasto social, la reactivación de un enfoque predominantemente militarista de la seguridad y el cuestionamiento a las agendas de equidad. Para las organizaciones, esos factores pueden ser una amenaza al principio de no regresividad de los derechos humanos. Por tanto, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que respalde las garantías conquistadas durante los últimos cuatro años. «Los derechos humanos no pertenecen a un gobierno, ni pueden depender de la administración de turno”, concluyen.