Versiòn de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo.
A menos de cinco meses de que expire el gobierno de Gustavo Petro, varios de los escándalos que han rodeado su mandato empezaron a concretarse en decisiones judiciales.
En efecto, la justicia no solo está tocando penalmente a varios de sus hombres (y mujeres) de confianza sino que, además, está impactando asuntos del resorte más íntimo del mandatario, como su propia campaña a la Presidencia y a una de sus candidatas a viceministra: Juliana Guerrero. También, banderas de su gobierno, incluida la del revolcón de la salud y la chequera pública para paliar los desastres naturales.
Hace tan solo 48 horas, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura en contra de Carlos Ramón González, exmiembro del M-19 y uno de los hombres más cercanos al mandatario.
Aunque hay hasta una solicitud de investigación por una supuesta laxitud en su caso, la ex cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pasó de ser un poderoso y millonario político de izquierda a prófugo de la justicia. Y ya carga a cuestas una imputación por lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, por su rol como el señalado cerebro del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla, Velasco y Leyva
Hasta la semana pasada, González y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco eran los funcionarios de más alto rango de su gobierno involucrados en conductas penales.
A estos dos últimos –que permanecen presos en guarniciones militares por el mismo caso de la UNGRD– les notificaron a mitad de semana que la magistrada Alma Chamat estudiará el recurso de apelación que interpusieron sus apoderados para defenderse en libertad de haber conformado un acuerdo criminal para ofrecer contratos a congresistas a cambio de sus votos a proyectos del Ejecutivo.
Ambos deberán responder por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
A la lista, por rango, solo se le sumaba el excanciller Álvaro Leyva, encartado judicialmente por el turbio manejo de los contratos de pasaportes, un caso que sigue bajo investigación.
Roa, Benedetti y Guerrero
Pero la doble imputación a la que acaba de ser citada la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa –por la violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022-2026 y por la compra de un apartamento, revelada por EL TIEMPO– tiene un doble efecto. Este caso no solo impacta a Roa, un viejo alfil del mandatario, sino que pone en entredicho la legalidad de parte de los fondos de la campaña que llevó al mandatario a la Casa de Nariño.
La Fiscalía venía adelantando la investigación a buen ritmo en tiempos de Francisco Barbosa. Pero tomó impulso luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias al ente acusador tras encontrar inconsistencias por más de 5.300 millones de pesos.
Y aún hay otra línea de investigación que avanza, por los famosos chats entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, en la que el hoy ministro habla de 15.000 millones de barras (pesos) que consiguió para ganar las elecciones. Benedetti tiene otros casos pendientes en la Corte, uno en etapa de juicio: el de Fonade.
El otro anuncio judicial de esta semana fue la citación a imputación a Juliana Guerrero, una joven que ascendió rápidamente en el Gobierno e iba para viceministra de la Juventud, hasta que la frenó su título profesional falso.
Los otros y la salud
Y no menos importantes, en la lista de alfiles procesados por presunta corrupción aparecen Sandra Ortiz, la influyente consejera para las Regiones, recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía como presunta emisaria en la entrega de 4.000 millones de pesos de la UNGRD a Iván Name y Andrés Calle, cabezas en su momento de Senado y Cámara, respectivamente.
También figura el prófugo número dos, César Manrique, otro ex-M-19, a quien señalan de apropiarse de 3.000 millones de pesos de la UNGRD.
Y en este caso sobresale el exasesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo, cuyo nombre también figura en otro escándalo en ciernes del que ha hablado el propio Petro y en donde estarían involucrados otros de sus alfiles: el turbio nombramiento de interventores de EPS que terminaron reventando el sistema.
Es inminente que la justicia también proceda en ese asunto antes del 7 de agosto.
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