El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Popayán profirió sentencia absolutoria a favor de los ciudadanos Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus, procesados por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. La decisión judicial, adoptada en nombre de la República y con base en las pruebas y argumentos expuestos, dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas a los acusados y ordenó la cancelación de las anotaciones penales que surgieron durante el proceso. Los hechos, que se remontan a un contexto de alta conflictividad en el departamento del Cauca, fueron juzgados bajo la legislación del Decreto 100 de 1980, vigente para la época en que ocurrieron.
Este caso, más allá de su dimensión jurídica, se convirtió en un símbolo de las profundas tensiones que atraviesan el territorio caucano. Según sectores críticos, la causa fue producto de un proceso mal instaurado, promovido por intereses particulares y la intervención sesgada de algunos sectores, lo cual no solo distorsionó la verdad judicial, sino que avivó resentimientos en las comunidades locales. Se señala que detrás de la acusación hubo un uso instrumental de la justicia en medio de disputas por la tierra, protagonizadas por ciertos líderes indígenas, lo que agravó el clima de polarización.
Como resultado, este proceso dejó una huella negativa en la región, debilitando la confianza en las instituciones judiciales y abriendo espacio para que grupos armados ilegales y economías ilícitas, como el narcotráfico, consolidaran su presencia. Para muchos analistas y líderes sociales, este caso representa una de las múltiples expresiones del conflicto social y armado que ha marcado al Cauca, y es reflejo de cómo la manipulación de la justicia y la ausencia de verdad pueden ser factores que alimentan la confrontación y perpetúan la violencia en los territorios.