La esperanza de recuperar su libertad se esfumó para la alcaldesa del municipio de Cajibío, Diana Carolina Cabanillas Valencia, luego de que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán confirmara en todas sus partes la medida de aseguramiento intramural que pesa en su contra. En una audiencia realizada en las últimas horas, el despacho judicial ratificó la legalidad de todo el procedimiento adelantado desde septiembre y dejó en firme la decisión que mantiene privada de la libertad a la mandataria, investigada por presuntos hechos de corrupción.
La determinación no admite recursos y fue calificada como clara y contundente por el Juzgado, que desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa, el cual buscaba modificar la medida intramural por detención domiciliaria al considerarla desproporcionada.
Tras el revés judicial, el proceso entra ahora en una nueva fase: la audiencia de acusación, que será la antesala del juicio. Fuentes consultadas señalan que la defensa de la alcaldesa estaría explorando la posibilidad de negociar con la Fiscalía para lograr que la medida preventiva sea modulada de cárcel física a prisión domiciliaria. No obstante, este camino tendría una condición determinante: la renuncia al cargo, requisito indispensable para acceder a un acuerdo de esta naturaleza.
El panorama jurídico de la alcaldesa Cabanillas es complejo, mientras en Cajibío crece la incertidumbre sobre el rumbo administrativo del municipio. La comunidad permanece a la expectativa frente a las decisiones que adopten las instancias judiciales y políticas, pues no es lo mismo —según expresan diversos sectores locales— contar con un mandatario encargado que con una alcaldesa en propiedad al frente de la administración.