Versiòn Infobae.
La Fiscalía General de la Nación capturó a la jueza Myriam Alcira Martínez, que habría concedido un hábeas corpus a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por presuntos vínculos con narcotráfico.
La investigación también derivó en las capturas de un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y una abogada, quienes estarían vinculados con los hechos que indaga la Fiscalía.
La libertad de Pedro Aguilar abrió un proceso contra la jueza que la autorizó
La continuidad de Myriam Alcira Martínez López como jueza quedó bajo revisión después de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa por su decisión de conceder la libertad al líder camionero Pedro Aguilar, esto ocurrido en el año 2018.
La medida tenía como fin establecer si la jueza 77 penal municipal con función de garantías incurrió en irregularidades al atender una solicitud presentada por una persona que se hizo pasar por fiscal. Según informó El Tiempo, el trámite comenzó tras conocerse el caso y debía resolverse en un plazo de pocas semanas.
Si las autoridades encontraban pruebas que la vincularan con posibles irregularidades, el caso podía avanzar hacia una investigación disciplinaria. Ese proceso podía derivar en su separación del cargo y en el traslado de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación.
La jueza acudió a la Fiscalía para rendir declaración por los mismos hechos, de acuerdo con la información publicada en ese entonces.
Antes de la audiencia del 21 de marzo, se registraron dos peticiones anteriores de libertad para Pedro Aguilar, una de ellas sustentada en problemas de salud. Ninguna de esas solicitudes prosperó.
La trayectoria de Martínez López incluía otra actuación que había generado cuestionamientos. En noviembre de 2017, la jueza ordenó la libertad de Carlos Ramírez Vargas, funcionario de tránsito de Aguachica, Cesar, investigado en un caso de presunta corrupción.
En esa oportunidad también se examinó si la determinación judicial se ajustó a la ley o se violaron algunos paramentros ya establecidos.
Las audiencias preliminares definirán si la jueza Martínez y los otros dos detenidos permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación por las irregularidades en sus funciones. El proceso permitirá establecer si las decisiones judiciales cuestionadas obedecieron a actuaciones irregulares y si existen responsabilidades penales individuales.