La Fiscalía General de la Nación continúa centrando sus pesquisas sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la posible participación de las disidencias comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Aunque desde diferentes sectores políticos y oficiales se han planteado hipótesis que vinculan a otros actores ilegales como el Eln, la Segunda Marquetalia o estructuras del narcotráfico internacional, hasta el momento no se han encontrado pruebas que sustenten esas versiones. Así lo conoció el diario El Tiempo, medio que ha tenido acceso a detalles del expediente.
Un crimen que sacudió al país
Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio en el occidente de Bogotá por un menor de edad que le disparó en la cabeza. Tras más de un mes de lucha por su vida, falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe. Su sepelio y los homenajes en el Capitolio Nacional evocaron la serie de magnicidios ocurridos entre 1989 y 1990 contra candidatos presidenciales, cuando una alianza entre narcotráfico, paramilitares y agentes estatales truncó la vida de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
En este caso, la Fiscalía sostiene como premisa que el crimen buscaba enviar un mensaje de poder criminal y que Uribe fue atacado por su relevancia política, en medio de una campaña interna en el Centro Democrático que lo perfilaba como aspirante presidencial.
Avances judiciales
Hasta la fecha, seis personas han sido judicializadas por su presunta participación en el atentado: Élder José Arteaga, alias el Costeño o Chipi; Cristian Camilo González; Katerine Andrea Martínez; William Fernando González; Carlos Eduardo Mora (el Veneco); y el sicario de 15 años que ejecutó el ataque. Con estas capturas se cerró la primera etapa del proceso.
Según las investigaciones, Arteaga habría sido el coordinador logístico del plan criminal. Con antecedentes en microtráfico y sicariato en Bogotá y Medellín, también habría integrado anillos de seguridad de “Iván Mordisco” en Caquetá, lo que refuerza la hipótesis de un nexo entre el grupo armado ilegal y redes urbanas de delincuencia común.
La Fiscalía y la Policía, con un equipo de más de 200 expertos, rastrean además posibles intermediarios que habrían articulado la operación entre los ejecutores y quienes ordenaron el crimen.
Líneas descartadas y versiones en disputa
El presidente Gustavo Petro señaló públicamente al Eln como posible responsable, aludiendo a un móvil económico. El ministro del Interior, Pedro Sánchez, respaldó esa apreciación y afirmó que ninguna organización puede ser descartada. Sin embargo, según reveló El Tiempo, en el expediente no existen pruebas que respalden la participación de esa guerrilla.
Lo mismo ocurre con los señalamientos hacia alias Zarco Aldinever y la Segunda Marquetalia, así como con la tesis de una supuesta “junta del narcotráfico” con sede en Dubái, mencionada por el presidente Petro como parte de un intento de desestabilización de su gobierno. De acuerdo con la Policía y con el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe, no hay evidencias que respalden esa versión.
Factores en debate
El caso también ha abierto discusiones sobre la eficacia de los esquemas de seguridad. El presidente Petro ha defendido que no hubo fallas estructurales en la protección oficial, mientras que los investigadores insisten en que el sicario aprovechó vacíos en el dispositivo de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía.
Otra cuestión clave es la relación de este crimen con los procesos de la llamada “paz total”. Para los analistas del caso, el fortalecimiento reciente de las disidencias, facilitado en parte por ceses al fuego parciales, les habría otorgado la capacidad de planear y ejecutar un atentado de esta magnitud.
Lo que viene
Las pesquisas se concentran ahora en rastrear la financiación del ataque. Los investigadores indagan si los recursos provinieron de redes criminales asociadas al Costeño y si fueron canalizados mediante un lavador de dinero ya identificado. Se examina además el papel de Mora (“el Veneco”), conductor del vehículo usado en el atentado y con antecedentes en tráfico de armas en Caquetá.
En paralelo, se mantienen bajo revisión movimientos de algunos de los implicados hacia Ecuador, país al que viajó en varias ocasiones uno de los procesados y a donde cruzó un segundo menor de edad que también habría sido contactado para participar en el crimen.
La familia del senador asesinado ha solicitado que la Fiscalía reciba apoyo de agencias internacionales, en particular de Estados Unidos y Reino Unido. El gobierno estadounidense ya manifestó su disposición a colaborar, recordando que un día antes del ataque Uribe Turbay se había reunido con un alto funcionario de la embajada en Bogotá para abordar temas de seguridad y narcotráfico.
Una investigación en curso
La Procuraduría, que acompaña el proceso, ha reiterado que el avance de las pesquisas debe estar libre de filtraciones y especulaciones que puedan entorpecer la labor judicial. Pese a que tres de los capturados cambiaron su disposición inicial de colaborar, la Fiscalía asegura que cuenta con suficientes pruebas materiales —entre ellas, miles de horas de video, llamadas intervenidas y movimientos financieros— para seguir desentrañando la cadena de responsabilidades.
El país sigue a la espera de una conclusión que esclarezca si detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay está efectivamente la estructura de Iván Mordisco o si otros actores armados jugaron un papel determinante. Por ahora, esa es la principal línea que concentra los esfuerzos de la investigación.