Por posible omisión de sus deberes frente al hacinamiento que presenta el centro de detención transitoria Laura Valencia del municipio de Popayán, Cauca, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar.
El ente de control indaga la problemática que afrontan 268 personas privadas de la libertad (ppl), con corte al 4 de julio de 2024, quienes, al parecer, se encuentran en condiciones infrahumanas en el antiguo colegio Laura Valencia, a la espera de que se les resuelva su situación jurídica.
A través de varios medios periodísticos se conoció que la capacidad de este centro ha sido desbordada. Al parecer, las ppl están ubicadas en un espacio que no cuenta con los estándares mínimos exigidos que aseguren su privacidad y dignidad, además del riesgo sanitario en que se encuentran junto con los funcionarios policiales que prestan el servicio de ‘custodios’.
Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente a los hechos denunciados, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas documentales.
Por último, el Ministerio Público indicó que actúa en defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y recordó que estas deben ser tratadas con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano.