Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Municipal de Popayán analizó en
profundidad la metodología utilizada por la Secretaría de Planeación para la actualización de la
estratificación socioeconómica en el municipio, así como las consecuencias de este proceso en la
facturación de los servicios públicos. El tema fue abordado con total seriedad ante el creciente
número de quejas ciudadanas por alzas súbitas en los cobros, lo cual ha generado inconformidad y preocupación generalizada.
La Secretaria de Planeación, Yasmín Hurtado, explicó que la actualización se realizó con base en los lineamientos del DANE, mediante una evaluación predio a predio que considera variables como estado de la fachada, mobiliario, enchapes y otros acabados. La funcionaria reconoció que la heterogeneidad en las bases de datos entre el municipio y las empresas prestadoras de servicios
públicos ha generado cobros inconsistentes y afectaciones injustificadas para los usuarios.
Frente a este panorama, el concejal Fernando López cuestionó la falta de articulación: “Lo que
vemos es que las empresas no están actualizando sus bases de datos como corresponde. Cuando por fin lo hacen, aplican masivamente los cambios y afectan de manera brusca a cientos de usuarios.
Esto no solo golpea el bolsillo de la comunidad, sino que deslegitima el sistema mismo. Es urgente que el Comité de Estratificación exija mayor responsabilidad por parte de los representantes de las empresas”.
Por su parte, el concejal Marco Aurelio Gaviria advirtió sobre el riesgo social que representa el
aumento en los costos de los servicios públicos, especialmente en sectores vulnerables como el área
rural: “En zonas como el acueducto Río Negro, campesinos que viven de la agricultura están
recibiendo facturas impagables. No podemos seguir aplicando una metodología técnica sin
sensibilidad social. Necesitamos una solución de fondo que armonice la norma con la realidad de
nuestra gente”.
El concejal Julián Ausecha puso el foco en la confiabilidad de los instrumentos técnicos utilizados
en la recolección de datos: “La ley exige rigor técnico, y si los dispositivos que usan los encuestadores —como celulares con márgenes de error altos— no garantizan precisión geográfica, estamos construyendo estratificación sobre información débil. ¿Se están usando GPS de alta precisión como exige la normatividad o no?”.
El Concejo hizo un llamado a la Administración Municipal para que priorice acciones correctivas,
entre ellas:
• Revisar los dispositivos y metodologías aplicadas en campo.
• Fortalecer la interoperabilidad entre las bases de datos del municipio y las empresas de
servicios públicos.
• Ampliar la atención descentralizada para los reclamos ciudadanos.
• Buscar fórmulas de alivio transitorio para usuarios afectados en el corto plazo.
Finalmente, los cabildantes reiteraron que están comprometidos con el seguimiento a este tema y
exigieron que las decisiones técnicas estén guiadas por principios de justicia social y equidad
territorial.