Un nuevo llamado de auxilio lanzó el gerente del Hospital Universitario San José de Popayán, Juan Carlos Arteaga Cifuentes, ante la grave crisis de liquidez que enfrenta la institución por las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que se acercan a los $500.000 millones. El directivo advirtió que actualmente no hay recursos suficientes para garantizar el pago al personal de salud ni la compra de insumos médicos, mientras las obligaciones con los proveedores superan los $120.000 millones. Durante su intervención en el espacio Los conversatorios de las mañanas, de Noticias Mil.40, exhortó a las EPS a ponerse al día con sus compromisos para evitar la suspensión de servicios a partir del próximo lunes 23 de noviembre. Según explicó, pese a las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, no se han conseguido soluciones efectivas para garantizar el flujo de recursos.
Ante el crítico panorama, el gerente confirmó la puesta en marcha de un plan de choque que contempla la suspensión de más del 50 % del personal administrativo y asistencial, además de la remisión de pacientes a otros centros hospitalarios. También reveló que ya se han cancelado procedimientos quirúrgicos por falta de insumos y que otros servicios han tenido que ser restringidos. Arteaga Cifuentes reconoció que durante los últimos 20 años no existió suficiente voluntad política para atender las necesidades estructurales del hospital, pero defendió la actual administración al señalar que los gastos de funcionamiento se han reducido al 26 %. Asimismo, insistió en que la institución es financieramente rentable y no está quebrada, y que varios de los proyectos formulados se encuentran actualmente en ejecución.
Finalmente, el gerente aseguró que el Hospital Universitario San José necesita $70.000 millones para mantener la prestación de los servicios durante diciembre y alcanzar hasta mediados de enero de 2027. La situación plantea un desafío urgente para el Gobierno Nacional, las autoridades de salud y las EPS, pues está en riesgo la atención de miles de pacientes que dependen de este centro asistencial de referencia en el suroccidente colombiano. El llamado es a una intervención inmediata que permita garantizar los recursos, evitar mayores restricciones y preservar la operación de una institución fundamental para la salud de los caucanos.